Hasta ayer, 15 mil 961 personas se habían inscrito para ser observadores electorales en la actual contienda y, aunque el plazo para presentar esta intención vence el 7 de mayo, la cifra preliminar está muy por debajo de las 38 mil 354 solicitudes recibidas en 2018.

Al cumplirse 30 años de observación electoral en México, el Instituto Nacional Electoral (INE) promueve esta actividad. Hasta el momento, del total de solicitantes han sido emitidas 6 mil 735 acreditaciones.

A nivel de organizaciones, son 42 grupos que compitieron por financiamiento público y capacitación para la observación electoral.

Tras la evaluación respectiva, 25 organizaciones fueron seleccionadas como beneficiarias de este fondo, las cuales recibirán –cada una– hasta un máximo de 300 mil pesos, recursos que deberán comprobar ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

Se trata de un capital valioso de la democracia mexicana, señaló en conferencia de prensa Salvador Romero, secretario ejecutivo del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, vinculado –como en elecciones pasadas– al Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

El trabajo de observación es libre y puede comenzar antes de la jornada electoral del 2 de junio.

Al final hacen informes de su trabajo, varios de los cuales nos pueden aportar hasta propuestas para posibles reformas, dijo la consejera Norma de la Cruz, al puntualizar que la seguridad de los observadores es responsabilidad de las instituciones del Estado.

En tanto, Marisa Arlene Cabral, coordinadora de Asuntos Internacionales del INE, precisó que el financiamiento a grupos se utiliza con frecuencia para viáticos, esto es, movilidad hacia las casillas.

Estas organizaciones se tienen que registrar y tienen que presentar la comprobación de todo recurso que se haya erogado, porque es un recurso público. Al final, nosotros cruzamos números con la UTF y hasta que la unidad da su aprobación se considera que se ha cumplido con todo el proceso, explicó.

Oples morosos

En otro tema, por la mañana se dio a conocer que algunos organismos públicos locales, mejor conocidos como institutos electorales estatales, no han cumplido con todos los pagos estipulados en los convenios firmados con el INE.

En esa situación están Guerrero, Morelos, Yucatán y Zacatecas, con algún adeudo, pues aducen dificultad para hacer las transferencias debido a recortes presupuestales. La Unidad Técnica de Vinculación con los Oples, del INE, puntualizó que las cuatro entidades deben en conjunto 26.8 millones.