Con la aprobación en comisiones de los dictámenes de reforma a las leyes de Amparo y de Amnistía, la Cámara de Diputados avanzó ayer en el proceso para su discusión en el pleno este miércoles, cuando se espera que las modificaciones a ambas normas sean avaladas.

La sesión de la Comisión de Justicia de San Lázaro comenzó poco después de las 10:30 y duró casi cuatro horas, durante las cuales los diputados de Morena y la oposición se enfrascaron en señalamientos sobre las repercusiones de ambas reformas.

Al abordar las modificaciones a la Ley de Amparo, la diputada Sue Ellen Bernal (PRI) alertó que la propuesta limita la facultad de los jueces a proteger a los ciudadanos que se inconforman con decisiones judiciales, y abre la puerta a posibles violaciones a los derechos humanos.

La iniciativa es un retroceso en el acceso a la justicia y es violatoria de tratados internacionales, ya que los actos de autoridad se ejecutarán de forma irreparable, sin que los afectados se puedan defender, añadió la legisladora, postura a la que se sumaron panistas y perredistas.

En contraposición, Adriana Bustamante (Morena) aseveró que la derecha ha desvirtuado la naturaleza del amparo para sus fines corruptos. Ha usado este medio para proteger a mafiosos que se coluden con jueces y ministros para salvaguardar sus intereses, y citó como ejemplo al empresario Ricardo Salinas Pliego.

Uno de los propósitos de los cambios a la Ley de Amparo es impedir a jueces y magistrados dictar suspensiones que frenen reformas legales sin haber ido al fondo del asunto. Así, los juzgadores no podrán emitir suspensiones con efectos generales, sino que éstas únicamente serán válidas para la persona promotora del amparo.

Ese dictamen fue aprobado por 19 votos a favor y 14 en contra.

De inmediato, la comisión discutió el dictamen de reforma a la Ley de Amnistía, entre cuyos aspectos más relevantes está dar al Presidente la facultad de otorgar de manera directa el perdón a personas bajo proceso o sentenciadas, pero que aporten información comprobable y fidedigna sobre casos relevantes para el país –como los de Ayotzinapa o Tlatlaya–, sin pedir el aval de la Fiscalía General de la República o de un juez.

Por el lado de los promotores de la iniciativa, Mary Carmen Bernal (PT) señaló que se trata de una modificación sencilla para evitar trámites burocráticos y ayudar a la sociedad a saber la verdad sobre acontecimientos relevantes de la historia del país.

En contraste, Paulina Rubio Fernández (PAN) apuntó que la reforma no garantiza la verdad, sino la verdad del Presidente en turno, por lo que la calificó de regresiva y gravísima. Es discrecional, porque le da al Presidente la facultad de subir o bajar el dedo, como el César, para definir quién es culpable.

Al igual que en la reforma la Ley de Amparo, la reforma fue aprobada por 19 votos a favor y 14 en contra. Ayer mismo, la mesa directiva de la Cámara dio publicidad a ambos dictámenes y los incluyó en la agenda de la sesión de hoy.