Santiago. Quince países que forman parte del Acuerdo de Escazú discuten desde ayer en Chile un ambicioso plan para proteger a los defensores del medio ambiente en América Latina, la región más peligrosa del mundo para estos activistas.

Escazú es el primer tratado de América Latina que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho a la participación ciudadana en decisiones que afectan al entorno y la protección de los defensores de la naturaleza.

Tenemos que defender a quienes defienden la vida, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, al inaugurar la tercera reunión de las partes de este acuerdo en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago.

Desde empresas hasta mafias, detrás de atentados

Suscrito en 2018 en Escazú, Costa Rica, el documento ha sido ratificado por 15 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Dominica, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Chile y Uruguay elaboraron una propuesta para aplicar el Plan de Protección que apunta a garantizar la seguridad y la labor de los activistas ambientales, ante los múltiples conflictos en torno a la tierra y el agua que involucran desde grandes empresas hasta mafias dedicadas a la minería ilegal o la tala.

Es un proyecto ambicioso pero realista para los próximos seis años, hasta 2030, afirmó el uruguayo Marcelo Cousillas, presidente de la COP, al intervenir en la ceremonia inaugural.

Entre 2012 y 2022, mil 910 defensores del medio ambiente fueron asesinados en el mundo, según la organización Global Witness.

En América Latina se reportaron la mayoría de los 177 casos en 2022, un tercio de ellos en Colombia, según la ONG.

América Latina es la región más peligrosa del mundo para los defensores del medio ambiente, ratificó Javier Medina, secretario adjunto de la Cepal.

Los delegados de los 15 países junto con representantes de la sociedad civil, incluidos sectores indígenas, intentarán definir de aquí al miércoles la hoja de ruta para la implementación del programa de protección.

Nosotros no estamos en contra del desarrollo, pero sí de que no se proteja la vida de aquellos que están defendiendo los territorios, dijo a la Afp Rayén Rupayán, estudiante y defensora mapuche de 22 años, quien participa en la reunión.