Quito. Todo está listo para que alrededor de 13 millones de ecuatorianos apoyen o rechacen las 11 propuestas del presidente Daniel Noboa, en un momento de crisis energética, repunte de la violencia criminal y el incremento de los precios en todos los productos y servicios, pero también de una caída de la popularidad del mandatario andino.

De todas maneras, quedan dudas: la energía eléctrica no está garantizada, pues el propio gobierno declaró un nuevo estado de excepción a 24 horas de los comicios (de 60 días por grave conmoción interna y calamidad pública en todo el territorio nacional) y los cortes a la electricidad hasta antier fueron de más de 12 horas en algunas poblaciones. El Consejo Nacional Electoral anticipó que garantizarían el fluido eléctrico en las juntas receptoras del voto. Y con eso, no es segura una participación masiva a pesar de que en Ecuador el voto es obligatorio so pena de multa equivalente a 46 dólares. Además, en redes sociales y mensajería personalizada los grupos oficialistas acentuaron su campaña, a pesar de la veda electoral. De todas las cuentas institucionales del gobierno, como de aliados y simpatizantes, crecieron los mensajes para votar por el sí y “en contra del narcoterrorismo”.

Seguridad y extradición, el gancho político

Para Noboa, el objetivo supremo de la consulta es conseguir el aval ciudadano para que se constitucionalice la acción militar en labores de seguridad pública, sin recurrir a los estados de excepción, que han sido la tónica de los tres últimos años. La propuesta, de aprobarse, permitiría al ejército actuar como policías por un periodo de 180 días (más 30 días prorrogables, según lo decida la presidencia).

Para los opositores, es una medida innecesaria, pues los militares ya actúan en ese sentido y para constitucionalizar lo puede hacer la Asamblea Nacional. Por cierto, el trámite de un cambio en este tipo ya está en proceso legislativo.

Otra pregunta tiene que ver con la extradición de ecuatorianos con sanciones penales que residan en otros países, tema que ya fue consultado por el ex mandatario Guillermo Lasso, en febrero de 2023 y tuvo un rechazo de más de 50 por ciento de los votos.

Desde los sectores sociales consideran que esta militarización es para combatir la protesta popular, como ya ha ocurrido en semanas recientes, en las poblaciones con zonas mineras en disputa.

El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, manifestó que esa militarización puede tener implicaciones negativas en términos de derechos humanos y libertades civiles.

Por lo anterior, la mayor crítica apunta a que Noboa, cuyo gobierno, por ser producto de unas elecciones anticipadas, culmina en mayo de 2025, usa la inseguridad pública para insertar otras preguntas que son el meollo de su proyecto político de cara a una relección, ya que en fechas recientes confirmó su intención de volverse a postular en febrero, cuando comienza el próximo proceso electoral. Incluso, los sondeos de opinión indican que en las preguntas sobre seguridad habría apoyo suficiente para el primer mandatario, pero las otras están en duda.

Trabajo por horas y arbitraje internacional

Uno de los anhelos más codiciados por los sectores empresariales y oligárquicos de Ecuador ha sido reformar el Código de Trabajo para legalizar el contrato laboral a plazo fijo y por horas, que actualmente la Constitución prohíbe. La propuesta oficial es que sólo se podría aplicar cuando se celebre por primera vez el contrato entre empleador y trabajador.

De hecho, los voceros de los gremios empresariales insisten en que con esto se mejorará la oferta de empleo y, supuestamente, se podría ingresar a la economía formal a más de 70 por ciento de la mano de obra de la población económicamente activa. Criterio que ha sido refrendado por el propio Noboa ahora, aunque en su campaña electoral se negó porque para él representaba una regresión de derechos.

En el tema laboral, pues, hay un rechazo popular que podría echar al traste los anhelos del Ejecutivo, y, como expuso Rafael Correa al autor de esta nota: Ya vivimos esta forma de precarización laboral antes de 2007 y, de aplicarse, traería más pobreza y contracción de la economía. A este señalamiento se unen las principales centrales sindicales, la Conaie y analistas económicos y políticos que ven en la consulta el propósito de cambiar un sistema laboral para bajar los costos de mano de obra y, sobre todo, despedir a decenas de miles de trabajadores que hoy cuentan con garantías sociales históricas.

Y también rechazan la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?.

Para el gobierno, con esta medida se protegerían a los inversionistas mediante instrumentos internacionales y la previsión de mecanismos para la resolución de eventuales conflictos. Y de paso acotan que la presencia del capital extranjero aumentaría considerablemente.

Desde el otro lado, se critica porque la experiencia de Ecuador y otros países es que las trasnacionales y empresas de ecuatorianos con sede en el exterior iniciarán juicios con costos por encima de 10 mil millones de dólares, en el primer año de aplicación de la medida, como explicó Diego Borja, ex presidente del Banco Central.