El cuarto tribunal colegiado en materia penal, con sede en el estado de México, determinó otorgar un amparo a José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y ordenó dictar una nueva resolución y definir si se confirma el auto de vinculación a proceso o se considera que la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especial para el Caso Iguala, no aportó los elementos para que sean procesados por delincuencia organizada. Los dos acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no podrán salir de prisión.

La resolución del tribunal colegiado confirmó la sentencia de amparo del juzgado cuarto de distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de México, que concedió inicialmente la protección de la justicia federal al ex alcalde y su esposa, al considerar que el Ministerio Público Federal no aportó elementos suficientes para acreditar la vinculación de ambos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.

La justicia federal consideró que los argumentos aportados por la Fiscalía Especial para el Caso Ayot-zinapa resultaron infundados e inoperantes para revertir el amparo promovido contra el auto de formal prisión dictados a Abarca y su esposa por delincuencia organizada.

Ambos inculpados enfrentan dos acusaciones penales más: una por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, en las que no tienen derecho a la libertad condicional o bajo fianza.

Al considerar el tribunal que se debía amparar a Pineda Villa y su cónyuge debido a los defectos de los argumentos esgrimidos por la FGR, se ordenó emitir una nueva resolución en cuanto a si dicta formal prisión o no, por lo que deberá conocer con mayor amplitud las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal.

En tanto, decenas de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa bloquearon ayer por dos horas los dos sentidos de la autopista México-Acapulco en demanda de solución a su pliego petitorio.

En un volante que repartieron a los automovilistas, los alumnos informan que solicitan una mesa de diálogo con el gobierno federal. La educación nació a raíz de la lucha social, impulsada por el cardenismo; las normales rurales son producto de esta lucha inalcanzable del pueblo de México, desde el momento de su fundación hasta la actualidad, señala el documento.

Cada egresado “tiene como principal objetivo llevar educación digna a los pueblos más lejanos de nuestro país, pues se encuentran en el olvido por este gobierno.

Debido a las problemáticas sociales, como la falta de atención al área educativa y la falta de plazas, externamos por este medio al gobierno federal la exigencia de una mesa de diálogo, esperando una respuesta positiva, concluyen.