El Senado cerrará el periodo ordinario con 24 reformas con mandatos judiciales que no atendió, la mayoría incluso tiene vencido el plazo que la Suprema Corte dio para crear nuevas leyes o modificar diversas normas.

Así, esa Cámara concluyó la legislatura sin aprobar la nueva Ley General del Agua, sin legislar sobre la siembra, cosecha y comercialización de cannabis, así como modificaciones en materia de revocación de mandato, de detención de migrantes, de regulación del gasto en comunicación social y derechos políticos de la comunidad LGBT+.

La sentencia más antigua de la Suprema Corte de Justicia fue la de incorporar al Código Penal Federal el delito de conductas raciales, para cumplir con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que entró en vigor en marzo de 1975.

El plazo que el máximo tribunal dio al Congreso en este tema venció el 3 de julio de 2020.

Igualmente, el Senado tampoco cumplió con la sentencia para emitir las leyes y el procedimiento en torno a la Consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, que debió tener lista el 31 de agosto de 2021.

Quedará pendiente el mandato de la Corte para modificar varios artículos de la ley Federal de Revocación de Mandato, en materia de impugnaciones y sanciones. El plazo que se le dio a ambas cámaras del Congreso venció el 15 de diciembre de 2022.

Por lo que toca a la regulación de la mariguana con fines recreativos, el Senado no pudo expedir una ley general en la materia y tampoco legislar sobre la siembra, cosecha y comercialización de cannabis, que la Corte le ordenó llevar a cabo con plazo al 22 de abril de 2023.

No se cumplió la sentencia del máximo tribunal que instruyó legislar antes del 15 de diciembre de 2021 sobre el control en la detención de migrantes, con base en lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

También quedará para la próxima legislatura el mandato de la Suprema Corte de expedir la ley reglamentaria al párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, en materia de regulación del gasto en comunicación social.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también dictó diversas sentencias al Senado, entre ellas, una de septiembre de 2022, a fin de legislar para garantizar los derechos políticos electorales de las personas que integran la comunidad LGBT+.

Otra que no se cumplió es la que pide a ambas cámaras legislar para reconocer el derecho de las audiencias y establecer garantías o mecanismos de protección y defensa de sus derechos ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El Senado dejará sin cumplimiento una resolución de la Corte para que se nombre a dos comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.