Las empresas fabricantes de armas de fuego estadunidenses solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Estados Unidos luego de que México obtuvo recientemente una sentencia favorable de apelación en su demanda contra éstas por su comercio negligente que facilita el tráfico de arsenales a suelo mexicano, informó ayer el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio.

Estaremos listos en caso de que la Suprema Corte decida admitir el asunto a estudio, aseguró el funcionario en la red social X.

En enero, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del primer circuito de Estados Unidos, en Massachusetts, determinó que el gobierno de México puede proceder con su demanda contra siete empresas a las que acusa de fabricar y distribuir armas en su territorio que saben serán exportadas ilegalmente a México, donde contribuyen directamente a la violencia.

Los armeros han argumentado que la llamada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (Plcaa, por sus siglas en inglés), que otorga amplia inmunidad legal a fabricantes, distribuidores y vendedores de armas en Estados Unidos, los protege de la demanda presentada por México y con ello habían logrado frenar el proceso en un tribunal distrital en el que primero fue presentado el caso.

Luego de que la corte de apelaciones dio la razón a México, las armeras solicitaron que la Suprema Corte estudie el caso.

Celorio señaló que son pocos los casos que admite la Suprema Corte de Estados Unidos. Además, la sentencia de apelación es jurídicamente sólida.

Daremos puntual seguimiento a esta solicitud y estaremos listos en caso de que la Suprema Corte decida admitir el asunto a estudio, enfatizó.

El litigio contra los fabricantes de armamento es parte de una estrategia del gobierno mexicano para responsabilizar a empresas y vendedores de los daños que sus prácticas causan en nuestro país.

La SRE tiene una segunda demanda abierta ante la Corte de Distrito para el distrito de Arizona contra vendedores de armas de fuego en Estados Unidos, a las que el gobierno mexicano acusa de tener prácticas comerciales que facilitan el tráfico de sus productos a territorio nacional.