e prosperar la reciente propuesta legislativa para eliminar las suspensiones con efectos generales en el juicio de amparo, el efecto práctico sería la privatización de la justicia, ya que la protección se limitaría, únicamente, a quien o quienes lo promueven, lo que claramente contradice el discurso oficial de hacer accesible la justicia para la población en general.

El juicio de amparo es tan técnico que, incluso, no es accesible para cualquier abogado. Su complejidad y especialización lo hacen poco accesible. La mera consulta para establecer la viabilidad de promover con éxito tales procedimientos pueden costar millones de pesos, no se diga su tramitación; a lo que se añaden los recursos, a veces con la intención de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a instancias internacionales. Un alto porcentaje de la población ni siquiera se plantea la contratación de tales servicios, por sus costos. La posibilidad de que un juicio beneficie a toda una comunidad es democratizar la justicia.

Más allá de las causas políticas detrás de tal reforma (el conflicto entre el poder ejecutivo con el judicial, la necesidad de elaborar leyes transexenales que no sean suspendidas, impedir que los errores en los procesos legislativos se reviertan políticamente contra los legisladores, etc.), el afectado final será quien no tiene acceso a los caros despachos especializados que pueden ganar juicios contra leyes mal hechas o injustas: la justicia será para quien pueda pagar los honorarios de los especialistas. Las suspensiones con efectos generales no se conceden fácilmente, los jueces que se equivoquen al respecto tendrán encima a un Consejo de la Judicatura Federal que suele revisar y castigar con rigor, además de los recursos procesales. Quitarle beneficios jurídicos a la población para dejárselos a quienes tienen recursos monetarios es cuestionable y contradictorio desde donde se vea.