La Fiscalía General de la República (FGR) y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emita un pronunciamiento claro y definido respecto de la jurisprudencia emitida por el pleno en materia penal y de trabajo del Poder Judicial de la Federación en la región centro-norte del país, que establece que basta que se interponga un recurso de amparo para que se suspenda el cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos graves, lo que generará impunidad.

La jurisprudencia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y que entró en vigor el pasado 8 de abril, señala que cuando se reclame en amparo indirecto una orden de aprehensión por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, debe concederse la suspensión provisional para el efecto de que, durante su vigencia, la parte quejosa no sea detenida, con lo cual el señalado de cometer un delito grave puede huir.

La justificación de la decisión judicial establece que es necesario adoptar un enfoque interpretativo por persona, que busque maximizar la protección de los derechos humanos cuando se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

El Ministerio Público Federal explicó que, según esta jurisprudencia, basta la interposición del recurso de amparo para que no sea detenida una persona acusada de delitos sexuales, cometidos contra menores, feminicidio, homicidio, violación, secuestro, delincuencia organizada y otros más.

Expuso la FGR que esto se aplicará en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

La institución que encabeza Alejandro Gertz Manero “rechaza, en forma contundente, dicha resolución, ya que pone en peligro inmediato a las víctimas de todos esos delitos; a los ofendidos y a sus testigos, que quedarán en el más alto riesgo, en su integridad y en su vida, sin la protección con la que deben contar en razón de sus más elementales derechos humanos.

La impunidad y el estado de indefensión que provocará esta decisión pueden prolongarse varios meses o muchos años, en cada caso, según se demore el juicio de amparo, que cuenta con dos instancias y que incluso puede llegar hasta la Suprema Corte, como ha ocurrido constantemente en muchos casos.