on celeridad inusitada, filtraciones y un contexto electoral de desesperación opositora, la ministra Norma Piña abrió fuego a partir de una denuncia anónima. Disparó judicialmente contra el ministro ahora en retiro Arturo Zaldívar y el equipo que lo acompañó, y contra procesos resolutivos referentes a temas muy sensibles para la llamada Cuarta Transformación (4T).

La respuesta no tardó: ayer mismo, acompañado por el presidente de Morena, Mario Delgado, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, soltó una batería de acusaciones contra su sucesora, para quien demandó se inicie un juicio político y se le procese incluso por la presunta comisión de delitos que podrían implicar cárcel.

El insólito cruce de acusaciones entre ocupantes, pasado y presente, del máximo sitial del aparato judicial federal, da testimonio del grave estado de salud pública por el que atraviesa tal institución. Norma Piña dando entrada a una serie de señalamientos que, de ser ciertos, mostrarían una notable parte de la descomposición de ese poder, y Arturo Zaldívar acusando a Piña de maniobras electorales, retorcimiento del derecho y comisión de actos delictivos.

La respuesta de Zaldívar tuvo inmediatos efectos políticos y partidistas, aunque en términos jurídicos sea necesario esperar a que la indagación en su contra sea radicada y avance en el proceso legal correspondiente, pues hasta ahora solamente se le ha dado entrada. Además de lo estrictamente procesal en el ámbito de tribunales, llama la atención la imputación a Piña de conductas facciosas para favorecimientos electorales, lo cual llevará a Morena a promover un juicio político en el Congreso contra la titular de uno de los tres poderes, además de denunciar tal conducta ante el Instituto Nacional Electoral.

Por lo pronto, además de las precisiones hechas por la ministra Lenia Batres, uno de los integrantes de su ponencia, Netzaí Sandoval, posteó en X una serie de detallados desmentidos a las acusaciones en contra de él y su gestión al frente del Instituto Federal de la Defensoría Pública (https://goo.su/qynu6G4).

En otro tema: se están multiplicando los secuestros preventivos; es decir, aquellos que no buscan retribución económica ni terminan en muerte pero constituyen, luego de las correspondientes liberaciones, una advertencia restrictiva por parte de poderes oscuros: sucedió recientemente con el conocido periodista de Jalisco Jaime Barrera; luego, en Culiacán, con más de 60 personas, entre ellas menores de edad, y ha continuado en la misma capital de Sinaloa con dos militantes del Partido Sinaloense, Luis García Corrales (secretario estatal de organización y candidato a regidor en Culiacán) y Juan Francisco Cerón Beltrán, desaparecidos desde el sábado reciente (luego de ser detenido por una patrulla policiaca el vehículo en que viajaban) y encontrados sanos y salvos este martes.

Recuérdese que el 6 de junio de 2021, cuando se eligió gobernador de Sinaloa, grupos armados realizaron secuestros preventivos de jefes electorales operativos del PRI, que fueron liberados luego de que cerraron las mesas receptoras de votos; Morena ganó, con Rubén Rocha Moya, y el PRI perdió, con Mario Zamora.

Por cierto, Rocha Moya aportó otra declaración cuando menos imprudente, cuando mencionó, como hipótesis, que la desaparición de los dos militantes podría ser autosecuestro, en el contexto de la ruda confrontación del mandatario con el mencionado partido regional, cuyo dirigente, Héctor Melesio Cuén, había señalado la posibilidad de que las desapariciones fueran obra de los malosos, lo que argumentó así: cuando hablo de los malosos, hablo de esa delincuencia organizada que es el gobierno del estado. Aquí cambiaron los papeles en Sinaloa.

Y, mientras hoy se votan las iniciativas de reformas relacionadas con el sistema de pensiones y con facultades presidenciales de amnistía, ¡hasta mañana!

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