Buenos Aires. En momentos en que la cifra de la pobreza se acerca a 60 por ciento, sin soluciones visibles, la Corte Suprema de Justicia rechazó ayer dos recursos que pedían reconocer la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia, DNU 70/23, presentado por el gobierno del presidente de ultraderecha Javier Milei el pasado 20 de diciembre, rechazado por el Senado, pero que se aplica con gravísimas consecuencias para la población mayoritaria y que violenta la soberanía nacional, esperando que la Cámara de Diputados ratifique la decisión de los senadores.

El primer planteo ante la Corte Suprema lo hizo el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, quien ha enfrentado y demandado la deuda que tiene con la provincia el Ejecutivo, quien la usa de chantaje contra todos los mandatarios estatales.

Quintela hizo su presentación patrocinado por el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni, dos días después de la firma del DNU, con el pedido de declarar certeramente su inconstitucionalidad.

Señalaba que ese decreto provoca perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a decenas de artículos de la Constitución y al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El máximo tribunal también rechazó la denuncia del abogado Jorge Rizzo, de la agrupación Gente de Derecho, quien llegó a la Corte mediante un per saltum (salto de instancia), después de que fue rechazado en otros tribunales, cuando pedía una medida cautelar.

De acuerdo con los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, en ninguno de los dos planteos había un caso concreto, causa o controversia.

Esto sucede cuando la situación se ha agravado más allá de todos los límites previstos, miles de empleados y trabajadores de grandes fábricas son despedidos, ya que no pueden asumir las millonarias cifras de las tarifas de luz y gas imposibles de pagar, por lo cual han comenzado a cerrar pequeños negocios y las pequeñas y medianas empresas.

Denuncia Bullrich presencia de iraníes de Hezbollah

Si algo faltaba, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró en una entrevista con TN que hay miembros de Hezbollah en Chile y Bolivia. Y dijo que en Bolivia habría unos 700 iraníes, que serían parte de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Hubo una reacción inmediata del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien adelantó que llamará a consulta a los diplomáticos argentinos para que brinden explicaciones sobre las desafortunadas y equivocadas declaraciones de la ministra Bullrich.

La cancillería boliviana denunció que los dichos de la ministra de Seguridad carecen de evidencia, que se realizaron sin ningún fundamento y que el Estado argentino busca generar confrontaciones y provocar fricciones. Además, reafirmó que Bolivia es un Estado pacifista y que apelará al diálogo para resolver este desagradable episodio.

La ministra del Interior y Seguridad de Chile, Carolina Tohá, también la desmintó y la criticó por la irresponsabilidad de sus declaraciones.

Tenemos una situación en el continente. Después, a Venezuela, que es aliada de Irán, con lo cual la situación es complicada, más la realidad de tener a Hezbollah en la Triple Frontera, a 5 kilómetros de Puerto Iguazú.

Ahora sólo faltaría la réplica de Paraguay.