En América no hay un sistema de justicia que funcione para las poblaciones pobres, negras o indígenas, marginales o migrantes, sobre todo jóvenes. Con muchachos de estos sectores están llenas las cárceles de todo el continente. Y son los mayores porcentajes de víctimas de la violencia policial, encubierta por las autoridades que aseguran impunidad casi total. Según la tesis del colombiano Ali Bantú Ashanti, abogado especializado en justicia racial, no es que los sistemas de justicia no funcionen, sino que están diseñados para que funcionen así. No es un error, es un resultado buscado para crear un sistema de segregación basado en la impunidad.

El defensor es fundador y dirigente del Colectivo para la Justicia Racial, que litiga casos de asesinatos de jóvenes por razones de raza y pobreza. Desde enero forma parte de los 34 expertos comisionados por el presidente Gustavo Petro para formular una reforma a fondo de la justicia en Colombia. Recientemente realizó una gira por México, Estados Unidos y otros países latinoamericanos con la idea de detonar un diálogo continental sobre el tema y convocar a una cumbre ciudadana paralela a la Cumbre sobre las Drogas que convocó Petro y que tendrá lugar en Cali en diciembre. Por parte de México asistiría quien gane las elecciones de junio.

Hasta ahora el tema de la guerra a las drogas ha sido un diálogo de expertos. Y tiene que ser más bien un diálogo de la ciudadanía, principalmente de las personas encarceladas, violentadas, asesinadas, empobrecidas por estas políticas. Es una situación común que vivimos en todo el continente; queremos provocar esa conversación y que se dé precisamente en el Pacífico colombiano. Queremos ser los anfitriones.

Hasta ahora, dice, ha encontrado muy buena respuesta en Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Chile y México.

Ali es originario de Timbiquí, Cauca, de la región del Pacífico colombiano más conflictiva porque ahí confluyen todos los grupos armados, las mayores extensiones de cultivos ilícitos y la minería ilegal.

Cuenta que él, como hijo de familia pobre y negra, logró entrar a la universidad de puro milagro. Estudiaba ingeniería física cuando la dirigente Piedad Córdoba, fallecida recientemente, llegó a Cali a dar una conferencia sobre el conflicto armado, las víctimas y el olvido de la población afrocolombiana. “Fue tal la conmoción que me provocó La Negra –como se le conocía cariñosamente– que no sólo me cambié de carrera, a leyes; decidí cambiar mi nombre español, heredado de los traficantes de esclavos, por otro que elegí por influencia de Malcolm X y el movimiento estadunidense del Black Muslim”. Adoptó como apellidos las naciones originarias de sus ancestros: ashanti y bantú.

No hay jueces que nos escuchen

Al terminar la universidad se topó con la ausencia de justicia para su gente. Encontramos un patrón invariable. La fuerza pública actúa bajo un sesgo racial pero también por aporofobia. Las fuerzas del orden reprimen, detienen, requisan, torturan y asesinan a jóvenes por razones de raza, clase y género, con violencias históricas y sistemáticas. Pese a lo evidente de esta realidad, la sociedad no reacciona, sino que lo justifica como una condición natural de quienes no tienen plata. Las fiscalías no nos toman en cuenta y no hay jueces que nos escuchen.

Por eso se fundó el colectivo que cuenta ya con cerca de 100 juristas, todos afrocolombianos dedicados a la defensa de gente pobre. Sus casos son pro-bono.

En el contexto de su segunda gira por México, participó en un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre macrocriminalidad, drogas y justicia racial.

Cada uno de estos fenómenos están profundamente ligados. Y están también presentes en la diáspora africana en Estados Unidos. Allí sí que saben de eso. Tienen a dos millones y medio de personas en las cárceles y la mayoría son población afro. El abogado retoma la tesis del estudio El color de la justicia, de la estadunidense Michelle Alexander, que llama a este fenómeno “el nuevo Jim Crow”, como se conoció al sistema de segregación racial de iure después de la guerra civil, en el siglo XIX. Es la actualización de un sistema punitivo de etiquetamiento, de perfilación de raza y pobreza. Es una nueva forma de segregación, de modo que, en Estados Unidos, siendo negro, tengas que pasar por la experiencia de caer en prisión tarde o temprano y pierdas derechos.

Precisa que esto ocurre en todo el continente. Por ejemplo, en Brasil la policía asesina a 7 mil personas al año; 86 por ciento son personas negras. En México, la fuerza pública compite con los grupos armados delincuenciales en los registros de asesinatos contra población migrante, indígena y pobre. Es necesario analizar estos sesgos para ver con qué prejuicios operan los sistemas de justicia.

En Colombia, que a pesar de estar ya en el posconflicto sigue siendo el país más violento después de Ecuador, hay cifras como éstas: 99 por ciento de los asesinatos cometidos por policías terminan en impunidad. De los 171 mil presos en las cárceles colombianas, 89 por ciento son pobres, sin estudios, racializados.

–Escuchando esto, es imposible no pensar en el caso ecuatoriano, el de los siete jóvenes sicarios que participaron en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado. A los pocos días ellos terminaron siendo ejecutados en las cárceles. Y todos ellos eran originarios de los barrios pobres de Cali, contratados como gatilleros por las mafias.

–Ese es un ejemplo clarísimo de lo que produce este sistema. Lo explica muy bien el trabajo espectacular sobre macrocriminalidad del maestro Daniel Vázquez, de la UNAM. Aunque al final de la trama estén unos jóvenes apretando el gatillo en beneficio de unos grandes intereses económicos y políticos, el desafío es que quienes terminan por administrar el crimen son los políticos. Y hay un sistema jurídico hecho para tapar, para callar todo esto.

Explica que, en su práctica cotidiana de litigio en defensa de cientos de jóvenes de la región del Pacífico, él y sus colegas han aprendido a no romantizar a sus defendidos. Los representan, aunque saben que con frecuencia son quienes han apretado el gatillo. Sin embargo, también saben que a quienes les ordenaron actuar no los alcanzará la justicia.

Pero, aunque ellos también son víctimas de alguna manera, la mayor parte de los casos que defendemos son de jóvenes encarcelados y culpabilizados a través de falsos positivos judiciales por la policía. Y de memoria cita una larga lista de expedientes que trabaja el colectivo.