La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé resolver el miércoles una serie de recursos promovidos por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa contra la decisión del ministro Luis María Aguilar de abrir la puerta al análisis de cuatro demandas interpuestas por ocho implicados en la desaparición de los jóvenes y quienes alegan que no se ha cumplido la sentencia que los amparó hace seis años.

Será la primera sala del máximo tribunal del país la que revise la propuesta de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y defina si desecha o mantiene en curso los incidentes de inejecución de sentencia de amparos impulsados por el caso Iguala y de los que surgió el mandato para crear una Comisión de la Verdad.

El 27 de septiembre de 2018 el entonces presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, admitió a trámite los incidentes de inejecución de sentencia relacionados con la negativa de la entonces Procuraduría General de la República para crear la Comisión de Verdad del caso Ayotzinapa.

Esto luego de que la ahora FGR manifestó una imposibilidad jurídica para crear dicha comisión, como ordenó el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito con sede en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Dicho tribunal concedió el amparo a ocho de los principales implicados en el secuestro y ejecución de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cometidos en 2014, entre ellos Gildardo López Astudillo, El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Miguel Ángel Landa Bahena, El Duvalín, y Agustín García Reyes, El Chereje.

También, Salvador Reza Jacobo, El Lucas; Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Cortés, El Jona, así como Darío Morales Sánchez, El Comisario.

La sentencia de amparo se concedió para el efecto de dejar insubsistente el auto de formal prisión, emitir otra resolución atendiendo los lineamientos que se marcan en la sentencia y reponer la fase de preinstrucción.

También para reconocer la calidad de víctimas de las personas a quienes se les reconoció ese carácter en la averiguación previa, o bien, en las ejecutorias indicadas.

Además de que se ordenó tomar en consideración diversos lineamientos para efecto de llevar a cabo el estudio del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad en los delitos que se imputan a los quejosos.