o hay precedente, ni en las tiranías y dictaduras más oprobiosas, de Hitler a Pinochet, de Mussolini a Videla, de lo ocurrido en la embajada de México en Ecuador el pasado 5 de abril: el presidente Daniel Noboa ordenó que agentes enmascarados irrumpieran por la fuerza en la representación diplomática de nuestro país en Quito, golpearan a los funcionarios mexicanos y apresaran al ex vicepresidente Jorge Glas, quien estaba solicitando asilo político.

Se trata de una violación flagrante a las normas más elementales del derecho internacional, comenzando por el respeto a la inviolabilidad de los espacios diplomáticos y el derecho de asilo, y en contra de la civilidad y cortesía primigenias en el trato entre la comunidad de naciones, lo que ameritó la condena unánime de los organismos internacionales y de múltiples gobiernos nacionales, de todas las filiaciones ideológicas. Lo que amerita también que la ONU expulse a Ecuador.

Ya el Consejo Permanente de la OEA, por 29 votos a favor y sólo uno en contra, condenó enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión y llamó a respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y asegurar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y su personal.

Irónicamente, como ocurrió cuando el presidente Lázaro Cárdenas dio asilo a los perseguidos republicanos por la dictadura franquista en España, es en México en donde no hubo consenso: nuevamente fue la derecha panista, cuando menos un sector de ella, la que cuestionó el ofrecimiento de asilo al perseguido de este tiempo, el ex vicepresidente Glas.

Aún peor ahora: hubo quienes, como miembros en lo individual de la fracción parlamentaria panista del Senado se solidarizaron con el presidente Noboa, le ofrecieron disculpas en nombre de México, y arremetieron en contra del Presidente y el gobierno mexicano. La propia candidata presidencial del bloque de la derecha fue la única de los tres contendientes que no condenó abiertamente el atropello a México y que, por el contrario, cuestionó el ofrecimiento de asilo al perseguido.

Una ignorancia total, por decir lo menos, de una de las tradiciones más representativas del Estado mexicano, una tradición, junto con la solidaridad con las causas continentales más elevadas, que ha prestigiado histórica y transexenalmente a nuestro país, como bien lo sabe cualquiera con un mínimo de cultura política y conocimiento elemental de la historia de México.

Baste citar como ejemplos, además del caso de los exiliados españoles, a:

En 1962, el presidente Adolfo López Mateos, se mantuvo solidario con la soberanía cubana. México fue el único país en votar en contra de la expulsión de Cuba del seno de la OEA, se opuso a los dictados continentales de Estados Unidos.

En la década de los 70, el presidente Luis Echeverría Álvarez otorgó asilo político a la esposa del ex presidente chileno Salvador Allende, Hortensia Bussi, luego del artero golpe de Estado de Augusto Pinochet. Entre 1973 y 1974, la embajada mexicana en Santiago de Chile abrió sus puertas a unas 800 personas. Durante ese mismo gobierno, desde nuestra misión se dio protección y asilo a 400 personas perseguidas por la dictadura militar uruguaya, entre ellos José Mújica, quien después sería presidente de ese país hermano.

En el sexenio posterior, el presidente José López Portillo otorgó su apoyo franco al presidente Omar Torrijos para restaurar la soberanía territorial sobre el Canal de Panamá, hasta su firma en 1977 con el presidente Jimmy Carter, por lo que el icónico Canal se recuperó en 1999.

En 1983, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid impulsó la creación del Grupo Contadora, con Colombia, Panamá y Venezuela, un esfuerzo diplomático que, paulatinamente, derivó en una salida civilizada a los conflictos internos en Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

En el gobierno del presidente Carlos Salinas, 1989, el Estado mexicano creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), para otorgar refugio a miles de centroamericanos que huían mientras la paz se restablecía plenamente en esa región.

En el gobierno del mandatario Enrique Peña Nieto, México acompañó el proceso de pacificación en Colombia hasta la firma de paz, el 26 de septiembre de 2016, entre el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, Timochenko, líder de las FARC. A partir de ese proceso de pacificación pudo emerger, ya en la vida civil, el ahora presidente Gustavo Petro.

En este gobierno en funciones, el 11 de noviembre de 2019 se le otorgó asilo al ex presidente de Bolivia Evo Morales, despojado de su gobierno por la oligarquía local y perseguido por un gobierno espurio emanado del golpe, para salvaguardar su vida.

Igualmente, en su tradición histórica de ofrecer amparo a refugiados políticos, el gobierno de México le concedió, el 21 de diciembre de 2022, asilo a la familia del ex presidente peruano Pedro Castillo, detenido por las fuerzas de la derecha peruana.

En suma, nada ofende más a México y nada socava más la causa, ya de por sí alicaída del bloque de la derecha, que solidarizarse con quien violó la integridad extraterritorial del país, condenar al gobierno mexicano y cuestionar la tradición histórica del asilo político.