La concentración del poder económico en México se ha vuelto una herencia familiar y una puerta giratoria hacia el poder político. No hay economía en América Latina y el Caribe, ni de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde tantas grandes empresas estén en manos de tan pocos clanes familiares como la mexicana, muestra un nuevo informe del Banco Mundial.

Cerca de 95 por ciento de las 50 empresas privadas más grandes de México están en poder de las familias más ricas del país y tienen ingresos que equivalen a una cuarta parte del producto interno bruto (PIB), reportó el organismo. Esto resulta en que también sea el país con mayor porcentaje de empresas familiares que cotizan en bolsa, el doble que en el promedio mundial.

Esta economía de herencias familiares se hace evidente en diversas clasificaciones y estimaciones. Las fortunas de los ocho hombres más ricos del México no se enlistan solas. Carlos Slim Helú y familia, Germán Larrea Mota Velasco y familia, Ricardo Salinas Pliego y familia, Alejandro Baillères Gual y familia, María Asunción Aramburuzabala y familia, Juan Domingo Beckmann Legorreta y familia, Carlos Hank Rhon y familia y Antonio del Valle Ruiz y familia, reporta Forbes en su lista de poseedores de fortunas valuadas en miles de millones de dólares.

Esas ocho familias, vinculadas en algún punto con nombres como Telmex, América Móvil, Telcel, Grupo México, Cinemex, Banco Azteca, Elektra, Tv Azteca, El Palacio de Hierro, GNP Seguros, José Cuervo, Grupo Modelo, Banorte y Maseca, entre otros, tienen una riqueza conjunta de 170 mil millones de dólares.

El meollo alrededor de las empresas de propiedad familiar es la influencia que pueden tener al margen de lo económico, expone el informe Competencia: ¿el ingrediente que falta para crecer?, donde el Banco Mundial reporta que el PIB de América Latina y el Caribe avanzará 1.6 por ciento en 2024, ligeramente por debajo del 2 por ciento proyectado en octubre, y hace un análisis de los factores estructurales que han hecho de la región una de las de más lento crecimiento.

Mayor oposición al fisco y a ser reguladas

El BM recupera tres hipótesis respecto a la función de las familias empresarias en la política. “Primero, la oposición a cualquier tributo, regulación o medida que afecte adversamente el patrimonio familiar probablemente sea mucho más intensa entre miembros de una familia empresaria que entre gerentes bajo contrato.

“Segundo, las familias corren con ventaja en la política debido a una visión de más largo plazo, en comparación con los gerentes. Si estas familias acuerdan apoyar a un sector político, podrán monitorear su desempeño a lo largo del tiempo de manera más efectiva, premiándolo o castigándolo debidamente.

Tercero, las familias resuelven problemas de agencia tanto en la gerencia como en la política. Las generaciones más jóvenes a menudo ingresan a la política actuando como representantes confiables de la familia dentro de la élite política. El factor de propiedad familiar no es irrelevante, enfatiza.

El organismo expone que, en promedio, en América Latina 22 por ciento de las corporaciones que cotizan en bolsa y 28 por ciento de las empresas de 100 a 5 mil empleados son de propiedad familiar.

La dimensión de poder de mercado que facilita la extracción de rentas no sólo afecta la productividad. Un análisis de más de 300 carteles económicos detectados en América Latina entre 1980 y 2020 halló que al menos 21 por ciento de los casos implicaban productos de consumo básico como azúcar, papel higiénico, trigo, carne aviar, leche y medicinas. México es el mayor número de estos casos, con 15, seguido de Colombia (11) y Brasil (10).

La falta de competencia y un mercado que se había desarrollado como oligopolio ha llevado a que en México alrededor de 40 por ciento de la actividad económica fuera investigada por presuntas prácticas anticompetitivas entre 1993 y 2018, de acuerdo con datos recuperados por el Banco Mundial.

Un buen ejemplo de esto es el sector de las telecomunicaciones en México, donde la concentración y la fijación oligopólica de precios están muy bien documentadas (...) La élite de las telecomunicaciones y los medios ha acudido al cabildeo sistemático en busca leyes favorables y ha utilizado el sistema judicial mexicano para obstaculizar a los reguladores, reporta.