n el marco de las normas internacionales aplicables a sus estados financieros, la CFE registra activos por derecho de uso
. Se trata de infraestructura y equipos contratados para ser utilizados, aunque no cuente con su propiedad. Así, dispone de inmuebles para oficina, mobiliario y –muy importante– de capacidad por un cargo fijo en dos rubros primordiales y estratégicos: generación de electricidad de los llamados productores independientes de energía; y transporte de gas natural en la enorme red de gasoductos privados, impulsada en el sexenio anterior para importar gas natural de una de las cuencas más fértiles del mundo en el sur de Texas.
Ahora bien y según rezan los contratos típicos, sólo por estar disponibles, los propietarios de centrales y gasoductos reciben un cargo fijo. Y si operan, un cargo variable que depende del nivel de la capacidad disponible utilizada. En el caso de la generación de electricidad, el cargo fijo oscila entre 35 y 40 por ciento del total. Y el variable entre 65 y 60 complementario.
Su nivel de operación lo establece el controlador del abasto de energía en el sistema –el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)–, en el que operan compañeros con alta solvencia técnica y de profunda convicción ética, para garantizar el suministro al mínimo costo de generación, independientemente del propietario.
Esto permite entender parte del significado de la adquisición de las centrales de Iberdrola. Éstas ya estaban registradas como activos y como pasivos por la CFE. A cada activo por derecho de uso
corresponde un pasivo por arrendamiento
. Esto permite clarificar los efectos que tienen sobre el patrimonio de la empresa y, con ello, su manejo y operación. Asimismo, el juicio de las agencias de calificación crediticia.
A finales de 2023, los pasivos por arrendamiento representaron cerca de 40 mil millones de dólares. Los principales componentes de estos pasivos fueron los gasoductos (casi 29 mil millones de dólares) y los productores independientes (poco más de 9 mil millones de dólares).
Sí, gasoductos por casi 6 mil kilómetros en México y mil 600 kilómetros en Estados Unidos. Y productores independientes con capacidad del orden de 15 mil 838 megavatios. Ahí Iberdrola aportaba 8 mil 539 megavatios, casi 60 por ciento del total.
En una cuenta simple –que ilustra, pero que sigue la información de los estados financieros–, su valor razonable registrado es del orden de 5 mil millones de dólares. Menor, por cierto, su valor de remplazo.
Merced a la operación de compra estos activos ya no serán pasivos por arrendamiento y se registrarán con un monto ligeramente superior a los 6 mil millones de dólares como parte de los Pidiregas o, incluso, en una partida especial de deuda en los estados financieros.
Queda la interrogante de la justificación de la diferencia de poco más de mil millones de dólares. Más aún, respecto al valor de remplazo. ¿Qué la justificó? ¿El porcentaje de control de la generación? Además de que –a decir de algunos expertos– seguirán los compromisos de pago al productor independiente que continúe como propietario de esos activos, es decir el conglomerado de organismos que sustentó la transacción. De veras.
NB: En mi anterior colaboración señale que debiera revisarse el artículo 37 constitucional para observar las condiciones de explotación de recursos naturales en las industrias petrolera y eléctrica. Evidentemente fue un terrible error. Debí haber escrito 27 constitucional, el de la propiedad originaria de la Nación de estos recursos naturales. Una disculpa.
