México pidió ayer a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que Ecuador sea suspendido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en tanto su gobierno no exprese una disculpa pública por la violenta agresión a la embajada mexicana en Quito y a su personal diplomático.

Lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que padeció México, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa diaria al referirse al asalto cometido el 5 de abril por la policía ecuatoriana en la sede diplomática mexicana, donde una docena de agentes con armas largas vejaron a diplomáticos mexicanos y capturaron por la fuerza al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, asilado político de México.

Al presentar los detalles de la demanda, la canciller Alicia Bárcena explicó en Palacio Nacional que el Estado mexicano exige que el gobierno de Daniel Noboa reconozca que violó los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales.

La proclama de México, lo que estamos pidiendo, es que el sistema multilateral debe estar a la altura de la gravedad de los hechos como este. Debemos exigir que la justicia internacional y el sistema internacional condenen y sancionen sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y se evite un precedente de impunidad, aseveró Bárcena.

El núcleo de los argumentos que México presentó a la CIJ son las transgresiones cometidas a la Convención de Viena, que señala la inviolabilidad sin excepciones de los locales diplomáticos, y a la Carta de las Naciones Unidas, y en ese sentido pide que el principal órgano judicial de la ONU juzgue y declare que Ecuador es responsable del daño que las violaciones a sus obligaciones internacionales han causado a México.

Nuestro país, que hasta el momento ha recibido el apoyo de la mayor parte de los países del continente y un respaldo casi unánime en la la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), solicitó además que la CIJ establezca el precedente de que cualquier Estado que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado definitivamente de la ONU y que en este procedimiento se evitará el veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

El gobierno de López Obrador sostiene en la demanda que el allanamiento a su embajada, que derivó en el rompimiento de relaciones con Ecuador, no es un incidente aislado, sino que sigue a una serie de continuos actos de intimidación y hostigamiento, motivados por la llegada de Glas a la embajada el 17 de diciembre de 2023 y su posterior solicitud de asilo, que fue otorgado el 4 de abril.

Interrogada sobre qué consecuencias podría haber directamente para Noboa, Bárcena dijo que, dada la gravedad de la agresión, México está analizando interponer eventuales acusaciones de tipo penal contra funcionarios ecuatorianos. Ecuador y su propio pueblo tendrán que decidir cuál es el futuro político de Noboa, puntualizó.

Bárcena señaló que una consecuencia adicional es que, tras la ruptura de relaciones, nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador, en el sentido de que estábamos negociando un tratado de libre comercio y esas conversaciones se han suspendido.

Respecto de los mexicanos que han expresado su respaldo a Ecuador, López Obrador dijo que, afortunadamente, son una minoría y subrayó que la mayoría de las fuerzas políticas de México han expresado su rechazo a lo sucedido.

Agregó que su administración no actuará contra Mónica Palencia, ministra de Gobierno de Ecuador, quien es mexicana y naturalizada ecuatoriana.