l pasado 31 de marzo, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) comenzó a recibir reportes de vecinos que se quejaban de la mala calidad del agua enviada a sus domicilios, la cual, según distintas versiones, presentaba un olor a petróleo, insecticida o amoniaco. En un principio los reclamos se concentraron en las colonias Nochebuena y Del Valle, pero con el paso de los días se extendieron a nueve colonias, todas ubicadas en la alcaldía Benito Juárez. Desde el 1º de abril, el organismo envió personal especializado a tomar muestras del líquido en los hogares, las remitió a laboratorios para su examen y, una vez que se determinó la presencia de agentes químicos, buscó y detectó la fuente de la contaminación. Asimismo, se ofreció atención médica a las tres personas que denunciaron lesiones en la piel, pero todas declinaron la ayuda. Al cierre de esta edición, se había cerrado un pozo ubicado en la demarcación Álvaro Obregón y suspendido la actividad de dos empresas de las que se sospecha provienen las sustancias filtradas al suministro hídrico.
En las tareas de análisis, investigación y remedio participaron el propio Sacmex, las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Salud y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Mexicano del Petróleo, Pemex, la UNAM y la Guardia Nacional. Es decir, en menos de una semana las autoridades capitalinas integraron y coordinaron a dependencias de los gobiernos federal y local, a empresas del Estado, e incluso a la universidad más importante de América Latina para dar una solución rápida y certera al problema que afectó la calidad de vida y potencialmente puso en riesgo la salud de un número aún desconocido de habitantes de la céntrica alcaldía.
Quienes en nada contribuyeron a aliviar las preocupaciones de los ciudadanos fueron los gobernantes panistas de Benito Juárez y Álvaro Obregón o el liderazgo blanquiazul en la capital. La derecha capitalina no sólo se ha desentendido de su deber de realizar verificaciones a establecimientos mercantiles que trabajan con químicos y/o solventes, entre otras sustancias potencialmente dañinas; así como de informar sobre los puntos que puedan interferir en el correcto funcionamiento del sistema de aguas, sino que ha instrumentalizado el asunto con inocultables fines electoreros. Políticos panistas se han apersonado en los bloqueos que los ciudadanos descontentos llevan a cabo en vialidades principales y les han ofrecido apoyo logístico y material para escalar las protestas. La mejor prueba de que estos acercamientos responden a cálculos mezquinos y no a una voluntad de ayudar, se encuentra en que dichos individuos dan a los pobladores herramientas para hacer ruido mediático, pero no para superar el trance, como pipas o garrafones con agua potable. El que ha distribuido el agua embotellada es el Gobierno de la Ciudad de México, no quienes explotan el problema de manera desvergonzada.
El Sacmex debe restablecer sin dilaciones la provisión del líquido en condiciones óptimas a todos los hogares, y las autoridades correspondientes habrán de deslindar o fincar responsabilidades por los actos negligentes o criminales que causaron la contaminación del agua. Las sanciones también tendrían que alcanzar a quienes han obstaculizado los trabajos de remediación al hacer politiquería con un tema ambiental y de salud pública.
