Asesores legislativos de las dos cámaras del Congreso escalaron sus protestas ante la decisión inamovible de los partidos y de las áreas administrativas de despedirlos a partir del 30 de abril y tomar de los salarios no pagados para cubrir una indemnización.

En el Senado, el secretario de Servicios Administrativos, Mauricio Farah, señaló que dichos empleados concluirán sus contratos el día 30, cuando termina el periodo ordinario de sesiones, pero recibirán un apoyo de tres meses adicionales y la parte proporcional del aguinaldo.

Mientras, en San Lázaro, los asesores convocaron a una protesta en el patio central del recinto, donde señalaron que aun cuando tienen un contrato vigente hasta el 31 de agosto de este año, se les exigió presentar su renuncia a partir del 30 de abril.

El argumento es igual que en el Senado, es decir, que les darán una indemnización, pero ese dinero se tomará de los sueldos de cuatro meses que ya no van a recibir. La Cámara pretende ahorrarse 240 millones de pesos de sus salarios, pero mantiene firme una partida de casi mil 500 millones para el bono de marcha de los 500 diputados.

El despido de asesores constituye una práctica de las cámaras cada que concluye una legislatura, y para poder recontratarlos en la que sigue les prohíben laborar durante tres meses.

Ayer, los empleados de confianza se reunieron con Farah y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal (Morena), para manifestar su molestia por las condiciones en que deberán separarse del Senado y porque estiman que deberán seguir laborando hasta agosto, pero ya sin salario.

Señalaron que deben recibir 20 días de sueldo por cada año trabajado como parte de su finiquito, según establece la ley, y eso no está contemplado. Farah les advirtió que sería irresponsable extender sus contratos, porque el trabajo legislativo termina en abril.