A poco más de un año del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, organizaciones de derechos humanos señalaron que éste no es un hecho aislado, pues documentaron otros 14 sucesos.

Al presentar el informe No nos dejen morir aquí: Incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Jerónimo del Río, investigador de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), dijo que el comisionado Francisco Garduño debe separarse del cargo mientras se realizan las investigaciones y que la Fiscalía General de la República lo investigue por el presunto delito de homicidio.

La FJEDD, el Instituto para las Mujeres en la Migración, Derechos Humanos Integrales en Acción, Asylum Access México y la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alaíde Foppa, así como organizaciones defensoras de derechos humanos y acompañantes de 17 de las víctimas del incendio (ocho sobrevivientes y nueve familias de fallecidos) documentaron que el incendio en la estancia provisional de Ciudad Juárez estuvo lejos de ser un hecho aislado, pues es resultado de políticas migratorias que matan.

Jerónimo del Río expresó que entre los hallazgos se registraron graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes del siniestro, como detenciones arbitrarias, desaparición forzada de corta duración, tortura y malos tratos a los migrantes y solicitantes de protección internacional dentro de la estancia.

Apuntó que el incendio se debió a políticas migratorias militarizadas, ya que un contralmirante en retiro de la Secretaría de Marina estaba a cargo de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua.

Las condiciones de detención eran inhumanas: se excedió el número de personas, estaban en un espacio reducido sin ventilación, con colchonetas inflamables, sin acceso suficiente a agua y con solo dos baños para los hombres; no se hicieron las revisiones adecuadas al ingresar, pues una persona tenía un encendedor; no se atendieron las necesidades de alimentación y se les amenazó con ser deportados. Además, hay testimonios de que personas pudieron haber sido torturadas antes del incendio.

Entre otras cosas, añadió que hubo una deliberada decisión de no abrir la puerta a las personas detenidas, es decir, de dejarlas morir, y que las 15 mujeres que estaban privadas de la libertad junto con los hombres no han sido reconocidas como víctimas por el Estado mexicano.