Quito. En reconocimiento tácito de que Ecuador violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, la canciller de este país, Gabriela Sommerfeld, afirmó que fue el mismo Daniel Noboa quien ordenó ingresar a la embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas.

Además, en entrevista en un canal local, reconoció que su gobierno está consciente de las consecuencias de esta incursión que violenta convenios internacionales. Al ser consultada por qué no se lo detuvo afuera de la embajada, en el vehículo que podía llevar a Glas al aeropuerto, señaló: Viola el mismo artículo, en referencia al 22 de la Convención de Viena, que manifiesta: “Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellas (las sedes diplomáticas)… y demás bienes, así como los medios de transporte de la misión”.

Más tarde, tres días después del asalto, Noboa rompió el silencio. Tras reiterar que el país atraviesa una situación compleja y sin precedente, he tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el estado de derecho y la dignidad de un pueblo, indicó en un comunicado dirigido a la ciudadanía y la comunidad internacional, que publicó en su cuenta de X.

Entonces justificó la acción contra la soberanía mexicana, al destacar que no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo Ill del Acuerdo de Caracas, el artículo I de la Convención de Montevideo, y el artículo 41 de la Convención de Viena, o se corra el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano.

Noboa puso por delante que nos estamos jugando el país. Dijo que las críticas en su contra salen una vez que ven que la gran mayoría de los ecuatorianos votará por la dignidad nacional en la consulta popular del 21 de abril.

Remató con un mensaje que dejó más confusiones, al señalar que está dispuesto a resolver cualquier diferencia, con una condición: La justicia no se negocia, y jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos.

Sin mencionar a Glas, dijo que todo delincuente cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste.

Más militarización

Todas estas declaraciones se dieron en el contexto de un nuevo decreto presidencial emitido la noche de este domingo, en el cual Noboa reconoce la persistencia de un conflicto armado interno. Y lo hace luego de que el estado de excepción, decretado en enero pasado, llegó a su fin, pues la Constitución ecuatoriana impide el uso de esta herramienta legal indefinidamente.

Se alerta que aún hay grupos armados organizados que mantienen hostilidades en el país, de acuerdo con informes del Centro de Inteligencia Estratégica, entidad que realizará periódicamente una actualización individualizada de éstos.

En ese sentido, dispuso que las fuerzas armadas ejecuten operaciones militares para prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados en el territorio nacional.

También, que junto con la policía, continúen con el despliegue operacional y táctico requerido para neutralizar los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados por el crimen organizado, grupos armados organizados o terroristas.

Además, la coordinación necesaria para establecer una programación presupuestaria plurianual respecto a la seguridad interna, sistemas de inteligencia estratégica y de contrainteligencia, entre otros.

Asimismo, Noboa declaró a las cárceles como zonas de seguridad, como ya lo hizo el pasado 7 de marzo, cuando extendió por 30 días el estado de excepción, que comenzó en enero.

Con esto, el toque de queda y otras medidas como la restricción de movilidad y la incursión de la fuerza pública en los domicilios, sin necesidad de una orden judicial, quedan suspendidas desde ayer.

En la práctica, policías y militares seguirán actuando en el combate contra los grupos criminales, decisión que no está respaldada en la Constitución y que por lo mismo Noboa planteó para la consulta popular de este 21 de abril esa opción, con el fin de que la ciudadanía refrende esta atribución.

Los analistas jurídicos dijeron ayer que se podría demandar la inconstitucionalidad del decreto, pero como quedan pocos días para la consulta, bien se podría esperar a los resultados y luego proceder a favor o en contra de la demanda.

Hasta el momento, según un comunicado de las fuerzas armadas, emitido este 8 de abril, se han realizado 272 mil operaciones a nivel nacional, “incautando una gran cantidad de armas, municiones y explosivos… más de 77 mil kilos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y 140 mil galones de combustible”.

Sin embargo, desde la declaratoria del conflicto armado interno las estadísticas muestran un incremento de los asesinatos violentos, los secuestros y extorsiones. Eso sí, se ha podido tener control sobre las cárceles, que fueron el foco de mayor atención mundial durante todo 2023, por la serie de amotinamientos y masacres.