La Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, la minuta del Senado que tipifica como delito el odio racial y lo sanciona en el Código Penal Federal hasta con cuatro años de prisión, multa de 70 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización(UMA) o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad.

El artículo 149 quater del CPF detalla que esa sanción se aplicará a quien por cualquier medio, incluidos los electrónicos, difunda, publique, propague o transmita ideas basadas en la superioridad o el odio racial o por motivos racistas incite a cometer cualquier acto de violencia en contra de una persona determinada o algún grupo de personas. La minuta se regresó al Senado con cambios para continuar el trabajo legislativo.

También se sanciona penalmente de uno a tres años y con multa de 100 a 300 veces el valor de la UMA a quien asista o apoye cualquier forma, inclusive el financiamiento, a esas actividades. De igual forma, se sancionará con multa de 150 a 100 veces el valor de la UMA y de 100 a 200 días de trabajo a favor de la comunidad a quien participe en organizaciones que promuevan ideas basadas en la superioridad o el odio raciales o inciten a cometer cualquier tipo de violencia racial.

A los funcionarios públicos que cometan alguna de las conductas referidas se les incrementará la sanción penal hasta en una mitad (esto es, dos años más para quedar en seis), se le destituirá e inhabilitará.

El dictamen de la minuta comprende tres iniciativas de senadores y una del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, el pleno aprobó reformas a diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de salud mental. Las modificaciones señalan que dentro de los servicios de salud, las autoridades federales, estatales, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México deberán definir medidas para prevenir y atender el suicidio de niños y adolescentes.

Por otra parte, en la tribuna, Susana Prieto, diputada ex morenista ahora independiente, exigió a los coordinadores parlamentarios que no despidan a casi 3 mil 400 trabajadores (por honorarios) el próximo 30 de abril, pues sus salarios están previstos hasta el 31 de agosto de este año.

Prieto manifestó en el pleno que ella y Elvia Yolanda Martínez Cosío, de Movimiento Ciudadano, presentaron un punto de acuerdo para exhortar a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados a pagar a los asesores, enlaces legislativos, asistentes parlamentarios y a todos los trabajadores, que ilegalmente contratan por prestación de servicios profesionales, sus salarios hasta el 31 de agosto de 2024, porque ese recurso está etiquetado.

Recordó a los legisladores: Así votamos el Presupuesto de Egresos y ahorita están, por diversas fuentes, muchos de ellos por conducto de su diputado, amenazándolos, hostigándolos, con que si no firman su renuncia con fecha de 30 de abril de 2024 no volverán a ser contratados en la Cámara de Diputados.

Agregó que los asesores le comentaron antecedentes de no permitir el ingreso de seis trabajadores que una vez encabezaron un movimiento para que se les pagara sus salarios conforme estaban etiquetados. Y no sólo no los dejaron conseguir trabajo con los diputados y diputadas de la siguiente legislatura, sino que además les impidieron el acceso a la Cámara de Diputados, relató.

Este jueves continuó la presentación de solicitudes de licencia de diputados de Morena que buscan la relección como legisladores federales, locales o ediles, en acatamiento a la orden de la dirigencia nacional para que se retiren del cargo y hagan campaña en sus distritos o municipios. Ayer, 22 legisladores solicitaron separarse del cargo, a los que se suman nueve que lo hicieron el miércoles pasado.