El Instituto Nacional de Migración (INM) se volvió un ente de control público guiado por la opacidad, el militarismo y el rechazo a los migrantes y refugiados, sostuvo Mauro Pérez Bravo, presidente del consejo ciudadano de ese organismo, al presentar su informe final de actividades 2022-2024.

Pensé que el diálogo y la comunicación cambiaría o al menos la gestión del instituto con los migrantes y refugiados. Lo desesperante fue que se recrudecieron las políticas migratorias basadas en militarización, contención, detención y deportación.

Aseveró que nunca se me invitó para dialogar y revisar la política migratoria; yo constantemente tenía que buscar al comisionado o directores generales para encontrar respuesta ante su actuar de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Dijo que el momento más complicado de su gestión fue luego de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, tras la cual pidió la renuncia del comisionado Francisco Garduño, pero hubo cerrazón y nula disposición para el diálogo.

Murieron 40 personas en sus instituciones y (los directores generales) estaban sin un ápice de culpa ni preocupación, riéndose de lo que se pedía, aseveró. También solicitó una disculpa pública con los estándares internacionales, pero aún no hay respuesta.

Pérez Bravo explicó que en la Unidad de Política Migratoria del INM quedó pendiente la formalización del programa temporal, una buena práctica de otros gobiernos, pero no hubo voluntad política para hacerlo, y el trabajo conjunto para la actualización de normas de funcionamiento de las estaciones migratorias quedó archivado.

También están en suspenso los avances en un protocolo para tratar los temas de deportaciones en los aeropuertos.

Expuso que en el grupo de trabajo sobre regularización migratoria, que en México es buena práctica, la Unidad de Política Migratoria tampoco tuvo voluntad de avanzar, por lo que se hizo un exhorto al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, pero hasta ahora no hay respuesta.

Agregó que México ha suscrito varios acuerdos e instrumentos internacionales que promueven la regularización migratoria.

De no aprobarse en estos meses, este gobierno de izquierda sería el primero en no generar los programas de regularización migratoria. Otras administraciones lo movilizaron, con limitantes, pero lohicieron.

Acerca de las revisiones migratorias, mencionó que quieren realizarlas con la figura de verificación regulatoria. Dijimos que es grave, y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró que es inconstitucional, se siguen haciendo, lamentó.

Indicó que se propuso a la CNDH efectuar un monitoreo conjunto de las estaciones migratorias para cruzar información, pero no se pudo; les dije que estaban siendo cómplices con el INM. Antes de la tragedia de Ciudad Juárez, a la comisión se le pidieron medidas cautelares y no hicieron caso.