Colectivos y familiares de presos políticos solicitaron a la Secretaría de Gobernación (SG) una reunión para que dé puntual seguimiento a los procesos de liberación de personas que están en las cárceles desde hace años sin sentencia.

Carla Galicia Cortés, responsable del área de enlace del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señaló que si bien el gobierno federal ha logrado la liberación de algunos reos, persisten casos con prisiones preventivas excesivas que se han extendido hasta nueve años y nula impartición de justicia restaurativa.

Uno de estos casos, expuso, es el de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, donde están encarcelados desde diciembre de 2014 los mazatecos Francisco Durán, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños y Marcelino Miramónó. La prisión preventiva debe ser máximo seis meses, subrayó.

La justicia y la obtención de la libertad también se han prolongado para Tomás Martínez –indígena de la comunidad de Llano Grande Azcapotzaltongo, estado de México, y Kenia Hernández –defensora de derechos humanos y amuzga de Guerrero. Los casos, acompañados por el centro Zeferino Ladrillero, dan muestra de que existe un patrón de criminalización de la protesta social a partir de la fabricación de delitos, destacó.

Estamos trayendo a la memoria la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a los presos políticos, apuntó Galicia Cortés, quien anunció una marcha del Ángel de la Independencia a la SG el día 17 con diversos colectivos para entregar un pliego petitorio.