La presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), Norma Lucía Piña Hernández, pretende disminuir las facultades de la Comisión de Adscripciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y concentrar la adscripción de jueces y magistrados en todo el país e impedir que la citada comisión proponga de manera libre al pleno las decisiones que asuma, reveló la magistrada Celia Maya García.

La consejera expuso que la reforma que se pretende obliga a la Comisión de Adscripciones a dictaminar lo que le presente la secretaria (Ejecutiva de Adscripción, María Guadalupe Molina Covarrubias), y si la comisión no avala algo, de todos modos ella (Molina Covarrubias) lo lleva al pleno, pues lo que la ministra quiere es concentrar todo.

Este lunes, los integrantes de la Comisión de Adscripciones tendrán una sesión extraordinaria a fin de construir argumentos e impedir que se validen los actos de Piña iniciados el 28 de febrero, cuando se asentó de manera irregular en el acta de asamblea de pleno que se aprobó por unanimidad la eliminación de facultades, sin el análisis de un proyecto ni una votación ex­presa y, por supuesto, sin cumplir las formalidades que la norma establece, añadió Maya García.

En entrevista con La Jornada, la magistrada integrante de la Comisión de Adscripciones del CJF, dijo que a fines de febrero, Piña, quien también es presidenta de la Judicatura, durante una sesión de pleno y con apoyo del secretario de acuerdos, dio por aprobadas las modificaciones a lo establecido en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley Orgánica del PJF, y expresó: Les comunico que ya en adscripciones no habrá los nombramientos de jueces y magistrados, nada más los de secretarios.

Maya García, elegida por el Senado en septiembre de 2023 como integrante del CJF, reveló que en la siguiente sesión de pleno del consejo, ella rechazó estar de acuerdo con lo supuestamente aceptado por los integrantes del órgano.

“Entonces Piña dijo: ‘no, pero ya lo votaron y ya se cambió’. Le respondí que no era así, y ella contestó: ‘La norma esa ya no existe, ya se cayó en el otro pleno’. Le señalé: ‘¡oiga no, espéreme!, ¿a qué hora se cambió?’”

Piña, a decir de Maya García, respondió: No, cómo no, lo votaron. ¡Ustedes ya lo aceptaron!

“Pedí al secretario que me enseñara el acta y me mostró el punto a discusión. Le espeté: ‘¡Esto no pasó aquí!’ Es que en el documento, al final, en un punto general se puso como si se hubiera sometido a consideración que se reformaba la ley, y que ya el consejo así lo acordaba. Pero no todos los consejeros pudieron decir que sí había ocurrido y hubieran votado.”

Maya relató que la ministra Piña en esa reunión respondió que con la aprobación del acta de la sesión anterior el acto estaba reconocido, no protestaron, está hecho.

“Le respondí: no, ministra, no está hecho, porque para hacer una nueva normativa usted tendría que habernos presentado una iniciativa, se debía analizar y dar las razones de la necesidad de cambiar esa normativa.

“Ahí mismo, el maestro Bátiz fue mucho más explícito y expresó: ‘¡No puede ser!’ Otro consejero respondió, ‘es que aquí así cambiamos las cosas. Cuando queremos lo hacemos así con algunas normas, cuando queremos lo hacemos a través de un oficio, cuando queremos hacemos la reforma legal.’”

Maya García sostuvo que el procedimiento en cuestión fue viciado lo mínimo que se puede decir es que hay error, por no decir dolo y engaño.

Ante la oposición que surgió en la sesión del 6 de marzo, se acordó posponer la temática y retirar los asuntos relacionados con ­adscripciones.

En la sesión del 13 de marzo, según la magistrada, Piña pidió al consejero José Alfonso Montalvo Martínez (designado por la Corte el 22 de febrero pasado) que hiciera un proyecto de cómo se podían modificar los artículos 37 y 38 del acuerdo general que regula el trabajo de la Judicatura.

El 20 de marzo, Montalvo presentó su proyecto y “para sorpresa proponía la modificación de los ­artículos 37 y 38 del acuerdo general del consejo, que son los apartados que reglamentan las adscripciones.

“Ese día le dije: ‘ministra, esto no lo puede concentrar usted’, y respondió: ‘¡claro que sí, porque somos el pleno!’ Le contesté que no. Nosotros no le negamos su función al pleno, el pleno va a seguir haciendo lo que ha hecho: resolviendo, pero la Constitución y el consejo mismo aceptó, desde que hizo su normativa, que funcionará en pleno y en comisiones. Entonces así tiene que ser.”

El caso estará a discusión en el pleno del CJF el 3 de abril. “Siguen en querer concentrar el poder en el pleno, la presidenta puede ganar con los consejeros que tienen un espíritu corporativo, porque todo mundo sabe que hay tres consejeros que fueron designados por la actual Corte (Sergio Javier Molina, Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo).