En una sentencia favorable para México, una jueza federal reconoció ayer el derecho del gobierno de nuestro país para demandar, en nombre propio y de la población, a cinco tiendas vendedoras de armas localizadas en Arizona. La decisión todavía puede ser impugnada ante una corte de apelaciones.

La juzgadora para el distrito de Arizona, con sede en Tucson, Rosemary Márquez, concluyó que los establecimientos implicados en el juicio tuvieron diversas señales para saber que las armas de fuego que vendieron terminarían en México y que serían usadas con fines ilícitos.

Se trata del litigio que en octubre de 2022 emprendió nuestro país ante la justicia de Estados Unidos, con el argumento de que los comercios demandados, según datos de trazabilidad, facilitan el tráfico de armas de alto poder a territorio mexicano y ayudan al crimen organizado.

Las tiendas demandadas son Diamondback Shooting Sports Inc. (Tucson), SNG Tactical LLC (Tucson), Loan Prairie LLC aka The Hub Target Sports (Tucson), Ammo A-Z LLC (Phoenix), Sprague’s Sports Inc. (Yuma).

Las armerías intentaron que se desechara el caso contra las cinco distribuidoras bajo el argumento de que gozaban de inmunidad por la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas, legislación impulsada durante la presidencia de George W. Bush, la cual protegía a la industria ante cualquier reclamo.

El gobierno mexicano sostuvo que la dicha ley no tiene efectos extraterritoriales cuando el daño de las prácticas comerciales ocurre en México y, además, que existe información suficiente para identificar que las empresas incurren en prácticas comerciales que permiten el tráfico de armas.

Prácticas negligentes

En su fallo, la jueza señaló que México argumentó exitosamente que las tiendas demandadas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes.

Esta decisión se suma a la sentencia favorable de enero de 2024, emitida en el marco de la primera demanda presentada por nuestro país. En esa sentencia, una corte de apelaciones resolvió que empresas fabricantes de armas tampoco gozan de inmunidad y que deben responder por sus conductas ante un tribunal, expuso la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Según información de la cancillería, en las siguientes etapas se presentará evidencia para demostrar la conducta negligente de las demandadas en busca de obtener una reparación del daño que será determinada por el juez.