os legisladores texanos vuelven a poner en cuestión la Constitución de Estados Unidos al demandar el supuesto derecho de los estados para legislar sobre el tema migratorio, asunto que concierte exclusivamente al gobierno federal.

Hasta el momento, estas arremetidas legales de los estados, como la de California (Proposición 187-1994), Arizona (SB 1070-2010) y otros, han sido consideradas anticonstitucionales. Pero el contexto actual es diferente, por la composición de la Corte Suprema de mayoría conservadora, que otorgó a Texas una victoria parcial, para que se pueda implementar la ley SB4 mientras se define el asunto de manera conclusiva, y también por la nueva fase migratoria que estamos presenciando.

La ley SB 4 es un refrito de las anteriores, con la salvedad de que considera un delito cruzar de manera subrepticia la frontera de México a Texas y que será sancionada como delito menor la primera vez y las subsiguientes como delito grave, hasta con 20 años de prisión.

En el caso de la primera, serían regresados a México incluidos los extranjeros que hayan cruzado desde el sur.

Sobre este último punto la cancillería reaccionó inmediatamente y de manera firme y clara: México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano. Por otra parte, el gobierno mexicano reafirmó que este tipo de negociaciones sólo se dan con los representantes del gobierno federal y no con los estatales.

En efecto, el gobierno de la 4T ha negociado en varias ocasiones sobre este particular y llama la atención su firmeza al hablar del estado de Texas y su buena disposición a negociar con el gobierno federal de Estados Unidos. Estos acuerdos son algo totalmente inédito y sobre lo cual es necesario reflexionar y contextualizar.

El panorama migratorio ha cambiado sustancialmente en la última década. La migración centroamericana, que pasa por México, dejó de ser prioritariamente masculina y laboral y pasó a ser familiar, infantil y juvenil, con el añadido de menores no acompañados. Según el acuerdo Flores (1997), los menores no podrían ser detenidos más de 15 días, por eso se ven obligados a liberarlos y a sus familias y esperar el proceso en Estados Unidos. Los flujos masivos subsiguientes de haitianos, cubanos, nicaragüenses, venezolanos y otros, utilizan la misma modalidad de entregarse al cruzar la frontera.

En este contexto, Estados Unidos plantea la pertinencia de un convenio de tercer país seguro, por lo que los solicitantes de asilo tendrían que pedirlo en México. El gobierno de Peña Nieto heredó a la 4T este asunto, y Marcelo Ebrad, negoció o concedió el programa Quédate en México para los solicitantes de asilo centroamericanos.

Posteriormente, se negoció la participación de la Guardia Nacional, ante las amenazas y chantajes de Trump de imponer aranceles en junio de 2019. Todavía no se había firmado la renovación del tratado de libre comercio y le doblaban la mano a Marcelo Ebrad.

Luego vino la pandemia y la aplicación unilateral de una ley sanitaria, el título 42, que les permite devolver, en caliente, a los migrantes, incluidos los extranjeros. Esto no se negocia, se asume.

Finalmente, con Joe Biden se negocia la devolución de 30 mil migrantes mensuales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, en el supuesto que Estados Unidos no puede deportarlos por no tener relaciones diplomáticas y México debe asumir esto y apoyar a Estados Unidos. López Obrador y Joe Biden se tratan como buenos amigous.

La pregunta es hasta qué punto han sido negociaciones, concesiones o imposiciones, o las tres cosas a la vez. ¿Y hasta cuándo?

En este contexto, la ley texana parece haber derramado el vaso; tampoco, tampoco. La soberbia del gobernador Greg Abbott parece no tener límites.

El escenario futuro depende de dos decisiones, la de la Corte y la de los electores. Sobre estas leyes estatales antimigratorias hay jurisprudencia y probablemente serán consideradas como anticonstitucionales. Si se aprueban, habrá reacción en cadena.

En tanto, el escenario que se viene depende del ganador de las elecciones. Con Joe Biden se seguirá negociando y otorgando concesiones; con Donald Trump no habrá negociaciones, más bien imposiciones.

También depende de la ganadora, la licenciada Xóchitl ya ha manifestado que está dispuesta a negociar, demasiado rápido y poco prudente; la doctora Sheinbaum sólo se ha manifestado sobre el caso de Texas, pero ha señalado que las negociaciones con Estados Unidos se darán en situación de igualdad.

Veremos.