La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, criticó que aun cuando se tuvo una inversión superior a 10 mil millones de pesos, el penal que comenzó a construirse en 2009 en Papantla, Veracruz, no ha sido concluido, por lo que ya existe una investigación en el fuero federal.

A la par, adelantó que en la renegociación de contratos con particulares para la construcción de cárceles se ha logrado un ahorro de 40 mil millones de pesos.

Ayer, en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que se celebró en Coa­tzacoalcos, Veracruz, el mandatario reconoció la labor de su colaboradora, porque ha significado ahorros importantes para la hacienda pública en la negociación por el tema de las cárceles –incluso la apapachó– y le pidió explicar el tema de los penales contratados con empresas privadas.

La funcionaria detalló que el penal de Papantla, que proyectaba ser una cárcel de máxima seguridad, comenzó a construirse en 2009, siendo gobernador Javier Duarte y mandatario federal Felipe Calderón, quienes acompañados del ex titular de Seguridad Genaro García Luna acudieron a inaugurarlo en 2012.

Informó que existe una investigación de la Fiscalía General de la República por la utilización de recursos, que fueron muchos, más de 10 mil millones, de un penal que nunca fue terminado y se inauguró dos veces.

Agregó que se trató de una red de corrupción en la que participaron 15 empresas a las que se pagaron sumas importantes para diversos servicios.

En torno a las cárceles que tienen particulares, Rodríguez recordó que en los gobiernos neoliberales se entregaron contratos para construir este tipo de instalaciones con una vigencia de entre 25 y 30 años. Pero en las negociaciones con la actual administración federal, se acordó con los empresarios una quita de 15 por ciento, lo que representa 40 mil millones (de ahorros).