Calificada por el gobierno de México de xenófoba, la ley SB4 de Texas no sólo crea un nuevo delito de entrada ilegal al estado y faculta a las autoridades locales a hacer deportaciones, sino que contempla penas de hasta 20 años de prisión para algunos inmigrantes sin documentos.

La norma debía entrar en vigor el 5 de marzo, pero se mantiene congelada por orden judicial derivada de impugnaciones hechas por organizaciones de defensa de los derechos civiles y de los migrantes, así como por el gobierno de Joe Biden.

Evitar la infiltración terrorista, una de sus metas

Promulgada y apoyada por el gobernador texano, el republicano Greg Abbott, fue aprobada en diciembre por la Casa de Representantes de Texas y según el análisis presentado por sus autores previo a su aprobación, el objetivo de la SB4 es proteger no sólo a la gente de Texas, sino a todos los ciudadanos de Estados Unidos del peligro inminente de la crisis fronteriza, agravada por el aumento del tráfico de personas, el fentanilo, los cárteles y la infiltración terrorista.

La ley autoriza a agentes de policía sin formación específica a participar en la aplicación de normas migratorias y crea un nuevo proceso, calificado por sus críticos de inconstitucional, en el que se permite a la policía texana detener a personas sospechosas de no ser ciudadanos estadunidenses y entrar o intentar entrar en Texas desde México u otro país sin autorización.

Así, las autoridades de Texas –estado donde cerca de 40 por ciento de la población es de origen latino– pueden detener a una persona por su apariencia, simplemente por sospecha.

Si la SB4 entra en vigor, la policía podrá acusar a los migrantes de un nuevo delito estatal entrada ilegal en Texas, castigado con hasta seis meses de cárcel.

También podrán acusar de reentrada ilegal a personas a las que anteriormente se denegó la admisión en Estados Unidos o que fueron deportadas de ese país, incluyendo a aquellas que eventualmente sean deportadas por Texas, delito castigado con penas de entre 10 y 20 años de prisión.

Jueces sin autoridad en la materia

La ley también autoriza –y en algunos casos obliga– a los jueces de Texas, que no están formados en leyes de inmigración y no tienen autoridad para aplicarlas, a ordenar la deportación de personas en determinadas circunstancias, facultad que es exclusiva del gobierno federal estadunidense, según han señalado las autoridades de ese país.

Quienes no abandonen el suelo estadunidense pueden ser acusados de otro nuevo delito, el de negarse a cumplir la orden estatal de deportación, castigado con penas de dos a 20 años de cárcel.