La idea de bajar sanciones no tiene efecto inhibitorio, advirtió la consejera Claudia Zavala minutos antes de que el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) avalara –en votaciones divididas– no aplicar la pérdida del derecho al registro de candidaturas (penalización máxima) y, en cambio, fijar multas por irregularidades u omisiones en los informes de ingresos y gastos de precampaña.

Otros consejeros, como Martín Faz, refrendaron su criterio de prohibir el registro sólo en casos específicos y extremos. Recordó que el Tribunal Electoral habilitó al INE para disponer de todo el catálogo de sanciones posibles, a fin de imponer penas proporcionales a la gravedad de la falta cometida.

Si bien el aspirante en cuestión rebasó el límite de gastos previamente establecido, su falta no vulneró de manera grave el principio de equidad en la contienda y, por tanto, considero procedente sólo imponer una sanción de índole económica que resulte proporcional a la infracción cometida, señaló Faz.

Al final fueron aprobados los dictámenes correspondientes a 485 informes de precampaña en Aguascalientes, Baja California, Colima, Michoacán, Morelos, Nuevo Léon, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala.

La Unidad Técnica de Fiscalización detectó 13 casos de omisión en los informes de aspirantes independientes, pero no les quitó la candidatura, sino que los sancionó, en carácter preliminar y en conjunto, con 137 mil 144 pesos, y con 1.9 millones de pesos a los postulados por partidos. Entre las irregularidades se encuentran egresos no reportados, presentación extemporánea de informes y la omisión de los reportes de precampaña.

Por otra parte, el consejo pospuso la respuesta a Morena sobre cómo será contabilizado el apoyo en seguridad para candidatos que han pedido algunos contendientes, incluidos los presidenciales. El proyecto, aún no discutido, prevé que se reporte como donaciones.