En medio de la difícil situación que vive el pueblo palestino en los territorios ocupados, los niños y niñas viven un escenario especialmente complicado, sobre todo cuando son detenidos por el ejército o la policía israelíes, cuyos elementos pueden arrestarlos sin ningún elemento de prueba e imponerles sentencias excesivas, como si fueran adultos.

Así lo indicó la investigadora Ana Landgrave Ponce, quien documentó en su tesis de maestría las experiencias que viven los menores palestinos en los centros de detención del Estado de Israel, donde son expuestos a tratos inhumanos y degradantes que constituyen actos de tortura, como confinamiento solitario, violencia física y amenazas de carácter sexual, entre otros.

Durante un foro organizado ayer en el Centro Cultural Reyes Heroles, la académica de El Colegio de México explicó que en los territorios ocupados se vive una situación de apartheid legal, donde los palestinos pueden ser juzgados y encarcelados desde los 12 años de edad, en procesos sin investigaciones reales y los acusados saben de antemano que van a recibir penas desproporcionadas.

Desde el año 2000, indicó, se calcula que unos 8 mil menores palestinos han sido arrestados y enjuiciados en cortes militares israelíes, pese a que ello está prohibido en convenios internacionales que Tel Aviv ha firmado y ratificado. Cada mes se detiene a un promedio de 150, pero desde la incursión de Hamas en Israel del pasado 7 de octubre, esa cifra aumentó a 400.

A los palestinos, señaló la investigadora, se les puede detener por la mera sospecha de ser responsables de alguna falta, con la sola orden de un policía o soldado israelí, y entre los cargos más comunes que se les imputan están arrojar piedras o bombas molotov, posesión de armas, planeación de ataques, ayudar a una persona buscada por la ley o incitación al odio en redes sociales.

Con respecto a esta última falta, dijo, es suficiente con que una persona le dé me gusta a la publicación de alguien más, si las autoridades de Israel consideran que dicho mensaje es una incitación contra su país. El 97 por ciento de los juicios, además, termina en condena.