on vistas al fin del sexenio podemos afirmar que esta administración ha priorizado en lo general saldar las deudas históricas que tenemos con los trabajadores mexicanos. A lo largo de estos años hemos cambiado el contexto laboral sustancialmente, atendiendo las demandas legítimas de quienes producen los recursos que disfrutamos todos. El pasado 28 de febrero de 2024, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social que me honro en presidir, aprobamos por unanimidad el dictamen para reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo y aumentar el pago de aguinaldo de 15 días, mínimo, a 30 días, mismo que debe ser retribuido antes del 20 de diciembre para que los trabajadores dispongan de ese recurso en vísperas de fin de año.
En principio, el aguinaldo es un recurso esencial para la clase trabajadora y un derecho laboral que representa un porcentaje muy importante de su ingreso. Para que sea efectivo y genuinamente contribuya al bienestar de las familias, la cantidad otorgada debe responder al esfuerzo y trabajo realizado en el año, cosa que no sucede en México. Las administraciones anteriores concentraron sus esfuerzos en privilegiar al sector empresarial por encima de la calidad de vida de los trabajadores. Esto se refleja claramente en que el artículo 87 no se ha modificado desde 1970, situación similar al periodo de vacaciones que aumentamos el año pasado. En el contexto económico actual, 15 días de aguinaldo son insuficientes para cubrir las necesidades de una familia.
En esa línea, debemos reconocer que la flexibilización del trabajo redujo de modo importante el poder adquisitivo de la clase trabajadora, lo que afecta directamente a la salud económica nacional. La eliminación de la subcontratación, el aumento del salario mínimo y el aumento en las vacaciones responden a la necesidad de restituir los alcances económicos y contribuir al crecimiento, así como alcanzar una mayor justicia laboral. Con esta iniciativa que presenté para aumentar el aguinaldo, se podrán homologar estas leyes para avanzar hacia esa finalidad y consolidar una gran estrategia de derechos laborales que he venido abanderando desde el Senado.
Asimismo, abrir la discusión sobre el aguinaldo nos permite observar los atrasos en derechos laborales que tenemos respecto de otros países de la región. Mientras en nuestro país sólo se pagan 15 días, en Colombia, Brasil y Uruguay el aguinaldo se compone de 30 días; en Venezuela parte de 14 días hasta cuatro meses, y en Bolivia es de 25 días. De los datos presentados surge la siguiente pregunta: ¿cuáles son las condiciones que consideramos dignas para los trabajadores mexicanos? Porque la diferencia con otros países sugiere que todavía tenemos una cultura laboral que no pone en el centro los intereses y las necesidades de la clase trabajadora. Esto es insostenible social y económicamente, si lo que queremos es construir una nación próspera y con mayor respeto y dignidad para los trabajadores mexicanos.
Con esta modificación buscamos aumentar la prosperidad nacional, que incluye al sector empresarial. Por tanto, mi propuesta se ciñe a la justicia social y a la racionalidad económica: aumentar el aguinaldo significa aumentar el poder adquisitivo de las familias mexicanas, lo que se traduce en un mayor consumo de bienes y servicios, incrementando la demanda e, inevitablemente, aumentando la productividad para sostener dicha demanda. Pretender que la solución frente a las dificultades es postergar las políticas públicas que contribuyen al bienestar colectivo es un error: el crecimiento y estabilidad económica no pueden ser a costa de los derechos laborales porque es insostenible a largo plazo.
El aumento del aguinaldo representa un cambio fundamental en la manera en que se abordan los beneficios laborales, priorizando el bienestar del trabajador y su desempeño en el trabajo en lugar de mantener una situación injusta. Este enfoque busca impulsar mejoras sustanciales en las condiciones laborales, siguiendo el ejemplo del aumento del salario mínimo que, a diferencia de lo que algunos preveían, no ha incrementado la inflación.
Reforzar la equidad laboral implica garantizar una distribución justa tanto del tiempo dedicado al trabajo como de la compensación recibida por ello. Según la OCDE, el trabajador mexicano labora 23 por ciento de tiempo extra no remunerado por parte el empleador. De ahí que, este cambio de enfoque reconoce la importancia de crear un entorno laboral más justo y equilibrado, donde los trabajadores puedan sentirse valorados y motivados, lo que inevitablemente se traduce en mayor productividad y calidad en el trabajo realizado.
En resumen, mi compromiso político radica en mejorar la calidad de vida de los mexicanos, reconociendo que esta misión abarca a cada individuo de nuestra sociedad. La defensa de los derechos laborales se erige como un pilar fundamental en la lucha por la transformación social y la instauración de la justicia en México. Durante este sexenio, hemos avanzado en la legislación en favor de la clase trabajadora con más de 160 reformas, sentando las bases para continuar con esta labor incansable en pos de una sociedad más equitativa y justa en la distribución de recursos. Ahora, más que nunca, es imperativo continuar impulsando iniciativas que beneficien a la clase trabajadora, además de abandonar el paradigma que tolera situaciones injustas en el ámbito laboral y emprender acciones decididas y colaborativas para continuar transformando profundamente este sector, en aras de un futuro donde la dignidad y el bienestar de todos los trabajadores sean prioritarios.
