n grupo de encapuchados se apoderó de una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la usó como ariete para destrozar una puerta de Palacio Nacional a fin de ingresar al recinto mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su conferencia de prensa matutina. Imágenes captadas por los reporteros presentes muestran que las fuerzas de seguridad que custodian la sede del Poder Ejecutivo en ningún momento hicieron contacto físico con los agresores ni ejercieron violencia para frenarlos. Tras el derribo del portón, los atacantes ingresaron arrojando piedras, sólo para encontrarse con que el acceso se encontraba vacío, mientras algunos uniformados lanzaban gas de extintor desde el fondo.
Dado que los participantes en el asalto se encontraban encapuchados, es imposible determinar si se trata o no de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, aunque el representante legal de las familias de los 43 jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, Vidulfo Rosales, reivindicó el ataque y advirtió que las protestas se radicalizarán mientras sus demandas no sean satisfechas. Cabe recordar que en una semana ya se produjeron otros dos episodios semejantes perpetrados por supuestos normalistas: el 28 de febrero, un pequeño grupo de manifestantes lanzó cinco petardos contra un acceso al Senado, y el 4 de marzo las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Doctores fueron atacadas con petardos, piedras y una camioneta, con la que se derribó un portón.
Es cierto que el gobierno federal no ha podido concretar la promesa de esclarecer y garantizar la justicia plena en este caso, convertido en emblema de los miles de desapariciones forzadas que se han multiplicado desde que Felipe Calderón sumió al país en una espiral de violencia. Asimismo, resulta lógico que el aplazamiento de la justicia genere exasperación entre familiares y seres queridos de los jóvenes sustraídos hace ya más de nueve años. Pero al mismo tiempo es inocultable que estas circunstancias son explotadas por intereses inconfesables para pasar de la protesta a la provocación o articular provocaciones paralelas a la protesta. Dichos sectores están instrumentando el dolor de los padres con propósitos que no tienen que ver con la justicia ni con el esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala y que, por el contrario, minan la confianza necesaria para dar una resolución adecuada.
Para restaurar el diálogo, las autoridades deben mejorar sus habilidades de interlocución, fortalecer las instancias designadas para atender a las víctimas indirectas y agilizar el trámite de las demandas legítimas de los ciudadanos que buscan a los desaparecidos en éste y otros casos. Asimismo, es claro que en el entorno de los abogados y asesores de los familiares de Ayotzinapa hay personas que, alentando acciones como la de ayer, usan la tragedia para fines ajenos a la causa del esclarecimiento y la justicia. Con estas formas de golpeteo, no sólo no ayudan en nada a tal reivindicación, sino que desvían la atención del público de ese asunto central hacia la violencia y las amenazas.
A nadie escapa que, en cualquier otro sexenio, el ataque de ayer habría recibido una respuesta represiva en el transcurso de la cual se habrían producido heridos y detenciones. El que nada de esto haya ocurrido y que el asalto a Palacio Nacional se haya saldado con destrozos meramente materiales amerita un reconocimiento a la prudencia con la que el gobierno federal evitó que la provocacióndesembocara en algo más grave. Ahora, toca al entorno de los padres de los 43 desaparecidos mantenerse en las vías pacíficas y, a las autoridades, redoblar los esfuerzos para resolver un caso que es una verdadera herida abierta en la sociedad mexicana.
