Senadoras de todas las fuerzas políticas cerraron filas con Victoria Figueira, madre de una niña de cuatro años víctima de abuso sexual, quien exigió justicia para el agresor de su pequeña y la destitución del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien absolvió al imputado. Figueira narró las irregularidades y corruptelas que padeció en los dos años que llevó el juicio contra quien abusó de su hija, quien es hermano de su ex esposo.

En compañía de senadoras de Morena, PAN y PRI, expuso las anomalías del proceso, entre ellas la desaparición de evidencia de la carpeta de investigación, en especial videos con la denuncia de la menor sobre el abuso sexual. Añadió que el agresor se negó a interponer una denuncia y logró que los videos, donde él mismo sale hablando con la niña y nos confesó quién, cómo y dónde lo hizo, fueron las evidencias que primero desaparecieron.

Figueira resaltó que Selene Jiménez, de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales mexiquense, ha apoyado al agresor todo el tiempo. La orden de arresto se emitió el 19 de marzo de 2023, un año después de que presentó la denuncia, y se vinculó a proceso a Alejandro N, el tío de mi niña, quien estuvo detenido 45 días en el penal de Barrientos pues la misma fiscal de género pidió procesarlo fuera de prisión.

Agregó: “así llegamos a la parte intermedia oral, con el juez Juan Alejandro Martínez Vitela, quien pasó por alto la declaración que mi hija hizo a solas con él; le dijo quién es su agresor, cómo la agredió y dónde, (...) la revictimizó al escucharla y la discriminó por su edad. Me dijo: ‘lo siento mucho, señora. Sí le creo en lo de los tocamientos; sin embargo, la niña no me dijo la hora, el día exacto ni la dirección de la casa de su tío’”.

Las presidentas de las comisiones de Salud y de Igualdad de Género, Margarita Valdez y Malú Micher, de Morena, y la panista Josefina Vázquez Mota, titular de la Comisión de los Derechos de la Niñez ofrecieron dar seguimiento al caso hasta que se castigue al responsable y el juez sea cesado.

Antes, el subsecretario de Se-guridad Pública federal, Luis Ro-dríguez Bucio, señaló que la fiscalía mexiquense está en proceso de apelar la sentencia, contraria a una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte, que faculta al juez para recabar y desahogar de oficio pruebas que considere necesarias para preservar el interés superior de los niños.