En ocho entidades del país, las juntas electorales locales no han podido sostener ninguna mesa de trabajo con las autoridades de seguridad para establecer medidas y protocolos de actuación que protejan tanto a los candidatos durante este proceso electoral como a los capacitadores electorales que acuden a las casas a invitar a las personas a ser funcionarios de casilla.

Aunque en 24 entidades, las autoridades electorales locales han sostenido 50 reuniones con representantes de las instancias encargadas de la seguridad, Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Nuevo León han sido omisas al respecto, pues no se han integrado a ninguna mesa de trabajo para definir estrategias con la finalidad de proteger a sus respectivos aspirantes a diferentes cargos públicos.

Un informe del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las acciones de coordinación interinstitucional en materia de seguridad para el proceso electoral 2024, efectuadas entre el 13 de enero y 16 de febrero, revela que ocho entidades no han integrado las mesas de trabajo, como se les pidió.

La mayoría de estas reuniones son presididas por los titulares de entidades gubernamentales de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y los titulares de las otras dependencias involucradas.

Sin embargo, ni los gobernadores ni las juntas electorales locales de esos ocho estados han concretado estos encuentros para garantizar la paz y la seguridad durante los próximos tres meses de campañas y para el día de la jornada electoral, el 2 de junio.

Operativo de campo

En Nuevo León, por ejemplo, se en­tregó un oficio al gobierno de Sa­muel García y a cada una de las presidencias municipales para que, “en caso de ser necesario, las fuerzas de seguridad auxilien a los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales durante el operativo de campo que se inició el 9 de febrero de 2024, pero es fecha en que no han recibido respuesta.

El reporte que se presentó la semana pasada señala que en el periodo arriba mencionado también se han efectuado 266 mesas regionales para el seguimiento de la estrategia de seguridad. De la totalidad de los temas abordados, 27.4 por ciento refieren que prevalece un contexto de inseguridad, por lo que solicitan seguridad pública en actividades que realiza el personal del INE en campo.

Otro 15.1 por ciento de los temas son relativos a la logística y resguardo de documentación y el acompañamiento de las instancias de seguridad durante estas actividades, con especial énfasis en domicilios con mayor concentración de casillas y aquellas zonas donde se han presentado incidentes en el pasado.