onforme avanza el proceso electoral en Estados Unidos, con dos candidatos ya muy perfilados en ambos partidos, el Demócrata y el Republicano, más se exacerban las acciones y tentativas xenofóbicas y ultraderechistas; algunas francamente neofascistas, en algunos estados y sectores de ese país, principal socio comercial de México.

Por un lado, el gobierno de Texas insiste en hacer más difícil el ya de por sí complicado cruce de la frontera de los migrantes, muchas veces acompañados de su familia, incluidos menores de edad, con barreras físicas en el río Bravo y con expulsiones exprés de su territorio, sin juicio previo, apoyados en una ley ostensiblemente inconstitucional.

En solidaridad con esta política regresiva y violatoria de los derechos humanos, el gobierno de Florida está enviando a su homólogo republicano refuerzos militares para bloquear el acceso de migrantes a Estados Unidos por este lado de la frontera, al tiempo que ha restringido, y en algunos casos retirado, el derecho de la población migrante a los servicios hospitalarios y en general de salud.

Ahora son Arizona y Georgia los estados que se suman a estas políticas e iniciativas lesivas para los derechos humanos.

Una propuesta legislativa en Arizona, promovida por legisladores republicanos, ha generado un intenso debate en ese estado, ese país y en amplios círculos mundiales defensores de los derechos humanos. Me refiero al proyecto de ley HB 2843, que busca permitir el uso de la fuerza letal –incluso privar de la vida sin consecuencias legales– contra inmigrantes que entren a propiedad privada. Esto ha suscitado críticas y preocupaciones sobre su impacto en los derechos humanos y la seguridad de los migrantes.

No se trata, afortunadamente, todavía de una legislación aprobada y vigente, sino de un proyecto de ley, sujeto a un proceso de discusión y eventualmente aprobación, en el Congreso de Arizona, pero donde el Partido Republicano es mayoría, por lo que los analistas ven amplias posibilidades de que prospere y se convierta en normatividad obligatoria. Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, y para nosotros, esta norma violaría flagrantemente los principios fundamentales de la dignidad humana y el derecho a la vida.

Sería violatoria de la declaración universal de los derechos humanos, instrumento suscrito por Estados Unidos, porque estaría dirigida no contra la población en general, sino específicamente contra los migrantes, lo cual es ostensiblemente discriminatorio para la máxima de igual acceso a la ley y la justicia. Quizá por ello la gobernadora demócrata Katie Hobbs se ha comprometido a vetar la ley si es aprobada por el Senado estatal, pues, sostiene, es contraria a los valores de inclusión y respeto a la diversidad que deben prevalecer en Arizona.

Al mismo tiempo, apenas el jueves de la semana pasada, la Cámara de Representantes del estado de Georgia aprobó una iniciativa que obligaría, de ser aprobada también en el Senado local, a todos los departamentos de policía locales a ayudar a identificar a migrantes sin estatus legal en el país, arrestarlos y detenerlos para su deportación.

La Cámara baja aprobó la iniciativa HB 1105 con una votación de 97-74 después de que la policía acusó a un inmigrante latinoamericano de estar involucrado en la muerte de una estudiante universitaria. Ante el clima antinmigrante que priva en el estado, los analistas locales pronostican que la iniciativa será aprobada también por el Senado estatal.

La nueva ley haría que los sheriffs que no consulten y reporten a las autoridades federales el estatus migratorio de los detenidos por faltas administrativas sean acusados del delito de encubrimiento. El proyecto de ley también negaría el financiamiento estatal a las cárceles y alguaciles que no cooperen.

Se trata de acciones y tentativas que desestiman la enorme contribución de los migrantes al crecimiento, mantenimiento y prosperidad de la principal economía del mundo, con aportaciones de 324 mil millones de dólares anuales de impuestos, como expresó la canciller mexicana Alicia Bárcena, cifra que supera el PIB de Colombia y el de la mayoría de países de América Latina, tal como consignó este importante medio nacional en su principal nota del martes 27 de febrero.

Cada migrante, explicó, paga en promedio a las autoridades fiscales del país que se beneficia de su fuerza de trabajo y su consumo, 1.38 dólares de impuestos, mientras un ciudadano estadunidense contribuye con sólo 0.69 dólares. Si bien los migrantes aportan con el envío de remesas a nuestro país, que el año pasado superaron 63 mil millones de dólares, esa cifra es apenas 18.5 por ciento de su ingreso, y el resto, que suma 265 mil millones, lo gastan en Estados Unidos.

En suma, es mucho, determinante, para el sostenimiento de la primera economía del mundo, lo que contribuyen los trabajadores migrantes, y muchas también son las fobias, tentativas y acciones regresivas de sectores oscurantistas de Estados Unidos, en contra de esta población proactiva y positiva, que espera todavía el reconocimiento pleno a sus derechos humanos, laborales y migratorios.