De no hacer obligatoria y permanente la reparación de daños ocasionados al medio ambiente y sólo aplicar sanciones administrativas y penales a los responsables, no tendremos oportunidad de dejar la misma calidad de vida a las futuras generaciones, alertó la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Mariana Boy Tamborrel.

Durante el primer foro sobre la propuesta de Ley de Responsabilidad Ambiental que entregó como sugerencia al Congreso local el pasado 11 de diciembre de 2023, la funcionaria señaló que el objetivo de la norma es evitar que los daños al ambiente, sin ser reparadores, se sigan acumulando cada año, y considera afectaciones a la salud por liberación o derrame de contaminantes.

Citó que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad señala que en el país se ha perdido 50 por ciento de los ecosistemas naturales y las causas más importantes son los cambios de uso de suelo, la sobrexplotación y contaminación, ya que esto acarrea también la pérdida de los servicios ambientales que brindan, como la posibilidad de filtrar agua al acuífero de manera natural.

Esto reduce la posibilidad de tener agua, de producir alimentos, de tener una mejor calidad del aire, una mejor temperatura protección a inundaciones, por supuesto, perder también los paisajes y áreas de esparcimiento naturales que nos brindan los ecosistemas. Entonces, la pérdida que tenemos en el medio ambiente por daños no reparados no es menor.

Explicó que a diferencia de la ley federal en la materia, esta sugerencia es innovadora al incorporar también la reparación de daños al ambiente construido, como podría ser la afectación a un inmueble catalogado o a la infraestructura urbana por una obra ilegal.

En estos casos hay una afectación al derecho de las personas a la ciudad, al patrimonio y a la cultura, que deben ser reparados.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Inti Muñoz, refirió por su parte que este proyecto de ley, junto con la iniciativa que el gobierno de la ciudad presentó al Congreso para tipificar como delito la corrupción inmobiliaria, son fundamentales para avanzar en garantizar el derecho a un medio ambiente sano.