El gobierno federal venderá los edificios que fueron sede la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hasta octubre de 2017, luego de que resultaron dañados por el sismo de ese año.

Este será el segundo intento de comercializar los inmuebles, luego de que en 2018 se habían otorgado en concesión para convertirlos en hotel, pero no se concretó el acuerdo, y en 2020 no se logró desincorporarlos.

Por medio del Diario oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda dio a conocer la desincorporación “del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza la enajenación Ad Corpus a título oneroso, mediante licitación pública, de los inmuebles denominados Reforma 211 y Reforma 213”.

En 2018, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) había estimado que las propiedades tenían un valor de 726 millones de pesos, aunque estructuralmente quedaron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Este jueves, Hacienda dio a conocer el acuerdo mediante el cual señala que el precio de venta será cubierto por el adquirente en una sola exhibición, y no podrá ser inferior al que para tal efecto determine el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, mediante el avalúo respectivo.

Asimismo, el convenio establece que el Indaabin realizará, a nombre y representación de la Federación, los actos correspondientes para llevar a cabo la operación que se autoriza, y que los impuestos, derechos, honorarios y gastos que se originen con motivo de la operación que se autoriza serán cubiertos por el adquirente conforme a lo establecido en las disposiciones legales respectivas.

En abril de 2020 fue la primera ocasión en que el gobierno federal informó su disposición de vender los edificios que ocupó la PGR durante los gobiernos de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, y había puesto un precio base de mil 396 millones de pesos para la licitación.