Morena presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que se investigue la estrategia digital financiada desde el extranjero, con base en la cual se pretende asociar con el narcotráfico al presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido.

La solicitud es que el instituto indague a escala internacional, bajo el supuesto de que se están gastando un millón de dólares a la semana sólo en trols y bots, como parte de un financiamiento ilegal en favor de Xóchitl Gálvez, abanderada presidencial de la oposición.

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, expuso que la queja es en materia de fiscalización. “Es una estrategia digital financiada desde el extranjero para poner tendencias en redes sociales, los llamados xochibots, para pretender asociar con el narcotráfico al Presidente y a Morena”.

Pidió también que el tema se aborde en la próxima sesión del Consejo General; anunció que el partido presentará una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales por la violación al marco legal, que prohíbe el financiamiento desde el extranjero, lo cual además impactará en el tope de gastos de campaña, incluso antes de su inicio. En el documento entregado ayer a la Oficialía de Partes del INE, Morena subraya que el financiamiento ilegal es de empresas que defienden las causas de la derecha en Latinoamérica.

Gerardo Fernández Noroña, representante del PT ante el INE, sostuvo: estamos hablando de una conjura de las derechas internacionales. Es muchísimo el dinero, y si bien no hay regulación de la inteligencia artificial, sí hay un marco legal que prohíbe a Gálvez superar el tope de gastos.

En tanto, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó bajar conferencias de prensa de los gobernadores Samuel García, de Nuevo León, y Marina Ávila, de Baja California, porque sus expresiones violan el artículo 134 constitucional, de acuerdo con el análisis preliminar.

Claudia Zavala, presidenta de la comisión, pidió a los mandatarios cuidar la equidad en la contienda en curso. El comportamiento que se exige a los servidores públicos, sobre todo a los gobiernos federal, estatales y municipales, es la no intervención en las cuestiones electorales.