Representantes de las comunidades de los Comités de Cuenca del Río Sonora afectados en 2014 por el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, advirtieron que son erróneas las declaraciones de la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, de que está en marcha un hospital con médicos especialistas.

Martha Patricia Velarde, integrante de los comités, señaló que a la fecha dichas comunidades carecen de atención especializada en toxicología y de un plan concreto para que tengamos salud y agua limpia de metales pesados. Aunque se había determinado que Grupo México debía construir un fideicomiso por 2 mil millones de pesos para atender los daños que ocasionó en Cananea y el río Sonora, sólo se ejercieron mil 200 millones y no se llevó a cabo la reparación a los afectados ni el remedio ambiental.

Los comités, que agrupan a habitantes de las localidades Aconchi, Arizpe, Ures y Bacanuchi, entre otras, mencionaron que, de acuerdo con una investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el derrame por el colapso de una presa de jales de la planta dejó daños por 20 mil millones de pesos.

Sí, hay un hospital en Cananea, el de Tamosura, pero ya lo tenía Grupo México. No se ha construido en realidad ningún otro que esté destinado a atender a la población afectada por los metales pesados en el río Sonora, aclaró Velarde.

A más de nueve años del considerado peor desastre ambiental minero en la historia de México, la salud de las familias se ha visto afectada por arsenicosis, neuropatía y cáncer, a causa de la contaminación con metales pesados, entre otros, apuntó.

Habitante del Baviácora, acusó que no ha recibido la atención médica adecuada, pese a que en mi cuerpo hay cadmio, plomo, arsénico, manganeso y mercurio.

Falta ver la voluntad política de la dependencia para aplicar una sanción ejemplar a la empresa de Germán Larrea, quien tiene un historial como violador de derechos humanos y laborales, acusó.

Los integrantes de los comités señalaron que mientras la titular de Gobernación sostiene reuniones con Grupo México, a las comunidades nos han sido excluido y nos han negado el derecho a la participación. Así, el 19 de enero recibieron respuesta a una solicitud para reunirse con autoridades de la Segob; sin embargo, fueron turnados a la Secretaría del Trabajo.

Solicitaron que la dependencia convoque a una reunión con las distintas autoridades involucradas, a fin de proporcionar pruebas de primera mano a la funcionaria, antes del informe que se comprometió a presentar al titular del Ejecutivo federal.