Luego de tres años de investigación y cotejo de datos existen pruebas que acreditan la utilización de un sistema de cómputo denominado Hermes, mediante el cual se eliminaron cientos de nombres de personas físicas y morales de interés para el sistema financiero nacional y se liberaron 975 cuentas bancarias que eran utilizadas por narcotraficantes y empresas fachadas.

Lo anterior, fue confirmado por la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), con base en intercambio de datos y peritajes realizados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como unidades especializadas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con los datos de prueba aportados por la FEMCC a un juez de control, con sede en el Reclusorio Norte, entre las instituciones crediticias empleadas para movilizar y ocultar recursos de procedencia ilícita de grupos la delincuencia organizada se encontraba Financiera Planfía, una sociedad financiera popular (Sofipo), creada en 2008, con vigilancia especial de la CNBV desde 2017 y a la cual en 2022 el organismo le revocó su autorización para operar.

Esta información fue revelada durante la audiencia realizada el martes –en la que La Jornada fue el único medio presente– en la cual se realizó imputación de cargos en contra del ex titular de la UIF Orlando Suárez López y del ex director de Proceso Regulatorio de la misma institución, Mauricio Moreno Balbuena, a los cuales se les definirá el domingo si se les decreta vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio público.

Durante la diligencia encabezada por el juez Gerardo Genaro Alarcón López, los representantes de la FEMCC señalaron que la plataforma tecnológica denominada Hermes supuestamente se utilizaba entre la UIF y la CNBV para realizar movimientos en la lista de personas bloqueadas y también para descongelar cuentas aseguradas en diversas instituciones financieras.

Los peritajes realizados demostraron que los imputados emitieron oficios con los cuales se liberaron las cuentas de 975 personas, entre ellas familiares y operadores financieros que fueron identificados por las unidades especializadas en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) y la de Investigación de Delitos contra la Salud (UEIDS), de la FEMDO, así como diversas instancias de la UIF y de la CNBV.

El oficio a través del cual se realizó el mayor retiro de personas bloqueadas así como la liberación de cuentas fue el 110/E/564/2018, emitido el 4 de junio de 2018, y así se informó a Sandro García Rojas Castillo, entonces vicepresidente de Supervisión de la CNBV, indicaron los fiscales.

Mecanismo de encubrimiento

La liberación de cuentas y retiro de personas físicas y morales de la lista de personas bloqueadas se realizó sin cumplir los ordenamientos legales, ya que ninguna autoridad nacional o internacional dio su consentimiento; tampoco se documentó que el titular de la UIF hubiera realizado audiencias con los involucrados para establecer las causas de su proceder en su beneficio; de igual manera no se resolvió cada caso por determinación judicial, y lo más grave, a las personas detectadas como presuntos lavadores de dinero a los que se les tenían aseguradas sus cuentas, no se les formuló denuncia ante la FGR para que se integraran indagatorias en su contra.

Asimismo, el 22 de junio de 2018 los imputados Suárez López y Moreno Balbuena, generaron el oficio 110/E606/2018 mediante el cual se ordenó eliminar otros 12 nombres de la lista de personas bloqueadas, con lo cual se generó un mecanismo de encubrimiento para la ubicación y monitoreo de recursos que provendrían de una actividad ilícita, señalaron los fiscales.

La denuncia por la cual se inició esta indagatoria fue presentada en junio de 2019 por el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, se informó a los imputados.

Con el sistema denominado Hermes se liberaron cuentas a 881 personas que sí se encontraban relacionadas con carpetas de investigación iniciadas por operaciones con recursos de procedencia ilícita y 106 no habían sido denunciadas.