El gobierno federal está obligado a entregar copia de los documentos que envió a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en contra de la empresa Calica, y que dan sustento a la denuncia presentada en contra de esa compañía, la cual ha sido señalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de causar una catástrofe ecológica por la explotación de un banco de materiales en Quintana Roo.

Esto, como resultado de la sentencia dictada por el pleno de la Suprema de Justicia de la Nación (SCJN), aprobada por nueve votos a favor y dos en contra de las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, dentro del recurso de revisión en materia de seguridad nacional designado con el número de expediente 12/2022.

El ministro ponente de esta sentencia fue Juan Luis González Alcántara, quien señaló: “se califican como infundados los agravios formulados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal (CJPEF), los cuales consisten en que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), debió haber analizado la causal de reserva por seguridad nacional respecto del escrito y de los anexos presentados ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya que su difusión podría afectar la estrategia de defensa de un arbitraje internacional con un inversor extranjero que se desahoga ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (...).

No es posible sostener que se actualiza la causal de excepción, en virtud de la seguridad nacional ni se encuentran elementos para sostener la existencia de un interés en este contexto que sobrepase aquel de la colectividad para conocer información relacionada con posibles daños al medio ambiente.

Argumento insostenible

La CJPEF promovió el recurso en contra de la resolución del 30 de noviembre de 2022, emitida por el INAI, al resolver, a su vez, un recurso de revisión en el que se instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales proporcionar copia del escrito presentado ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la denuncia presentada por el desastre ambiental relacionado con la empresa Calizas Industriales del Carmen, SA de CV, subsidiaria de la minera estadunidense Vulcan Materials Company.

La Corte determinó que no puede sostenerse el argumento de la Consejería Jurídica.