Colectivos que representan a personas que estuvieron en prisión preventiva oficiosa de manera injusta, en algunos casos por más de 17 años, informaron que denunciarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) el desacato del Estado mexicano a sentencias emitidas por este tribunal en 2023 para que ajuste su legislación sobre esta figura a fin de que no sea automática.

Se trata de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes pasado para ampliar el catálogo de delitos que implican prisión preventiva oficiosa, informaron la Red Solidaria Década contra la Impunidad y el Colectivo Pena Sin Culpa.

Indicaron que Daniel García Rodríguez, Reyes Alpízar Ortiz, Jorge Marcial Tzomplaxtle Tecpile, Gerardo Tzomplaxtle y Gustavo Robles López, víctimas reconocidas por la Coridh, manifestaron su preocupación por la propuesta, al ser regresiva y constituir una infracción al orden público internacional.

Según la iniciativa, todos los delitos fiscales (como defraudación, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley) deberán ser castigados con prisión preventiva oficiosa.

David Peña, abogado de García Rodríguez y Alpízar Ortiz en la Coridh, expuso en entrevista que dadas las sentencias que ésta dictó el año pasado para sus defendidos y el caso Tzomplaxtle Tecpile, el Estado mexicano tendría que enviar sus informes de cumplimiento de los ordenamientos, entre ellos adecuar su legislación sobre dicha figura y anular el arraigo.