La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, advirtió que no toca al organismo hacer mapas de riesgo ni tareas de investigación ministerial o vigilancia; en cambio, instó a los partidos a blindar las campañas de dinero ilegal.

En cuanto a los focos rojos, señaló que en la tarea del INE no se relacionan con la delincuencia, sino con los sitios donde faltan refuerzos para instalar 170 mil casillas.

Nuestra prioridad es ser parte de estas mesas de seguridad para poner ahí lo que detectamos en campo: zonas donde por diferentes razones no podemos entrar a hacer recorridos. Hoy nos avisaban de algunas en Michoacán donde no podíamos pasar a visitar a quienes salieron sorteados para funcionarios de casilla, explicó.

Respecto a la organización electoral, sostuvo que hay certeza y garantía de los sistemas informáticos que atenderán lo mismo el Programa de Resultados Electorales Preliminares que el cómputo oficial de los sufragios, por lo que ubicó a hechos recientes en ese comité como una extraña filtración. También dijo que arreglarán en breve los retrasos en los instrumentos de identificación y comunicación del personal de campo del INE.

El protocolo de seguridad prevé que el INE recibe de los partidos las solicitudes de candidatos federales y las canaliza a la mesa del gabinete de seguridad. Los operativos de acompañamiento y custodia, con guardias y vehículos, estarán a cargo básicamente de la Sedena y la Guardia Nacional.

La evaluación del tamaño de la custodia será con base en el nivel de riesgo (bajo, medio y alto) conforme al propio análisis de peligro, incidencia delictiva y amenazas. En el caso de que el candidato a proteger viva en una zona de incidencia delictiva alta, se autoriza la asignación del servicio, no así en incidencia media o baja, por no presentar un riesgo o amenaza.

Luego de una reunión con Taddei, dirigentes de oposición dijeron a la prensa que el protocolo –definido por el gabinete de seguridad– presentado por el INE es insuficiente, por lo que le pidieron que se imponga, tome medidas y responsabilice al gobierno de cualquier intervención del crimen.