Grandes multinacionales alimentarias y cámaras empresariales en el país buscaron frenar y moldear las reformas a la Ley General de Salud en materia de etiquetado y la NOM-051 con las que, además de los rótulos, se regula el uso de personajes dirigidos a infancias sobre los empaques de alimentos y bebidas, advierte un estudio del Poder del Consumidor.

Refiere que hubo opacidad de los procesos de normalización anteriores al ordenamiento, caracterizados por la cercanía entre ex funcionarios de Cofepris como Patricio Caso y Mikel Arriola y ejecutivos de cámaras e industrias como Coca-Cola y ConMéxico.

La investigadora Ana Larrañaga al presentar la cuarta entrega de la investigación Bajo la mira: el control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México, detalló que esos vínculos dieron paso a procesos de puertas giratorias entre la agencia regulatoria y la refresquera en la que actualmente trabaja patricio Caso, además de que contribuyeron a la permanencia del etiquetado opaco conocido como GDA.

Detalló que a lo largo del proceso de aprobación del nuevo etiquetado de advertencia, que demostraba que era comprendido con facilidad por más consumidores, las multinacionales alimentarias desplegaron una enorme fuerza de cabildeo en la Cámara de Diputados, con estrategias como reventar sesiones de la Comisión de Salud, evitando que las y los diputados asistieran y se cancelaran por falta de quorum.

Indicó que los cabilderos de la agrupación empresarial ConMéxico y los representantes de compañías de ultraprocesados intentaron introducir transitorios para debilitar el dictamen con la ayuda de aliados, como la entonces diputada Tatiana Clouthier.

La autora y los especialistas de El Poder del Consumidor y el Instituto Nacional de Salud Pública, coincidieron en que el comportamiento del sector industrial de alimentos y bebidas muestra un patrón claro de acciones de incidencia política que socavan el derecho a la salud y la alimentación, y anteponen su modelo de negocio a los derechos fundamentales.