n el debate y en el ejercicio político se utilizan hoy en el país los conceptos de democracia, pueblo y ciudadanía de manera libre y sin que necesariamente se identifiquen y se distingan unos de los otros, tanto por su significado como por sus consecuencias. Formalmente, como se sabe, la democracia es el sistema político en el que la soberanía reside en el pueblo, el que la ejerce directamente o por medio de representantes. La noción de pueblo se concibe como un grupo de personas que constituyen una comunidad, o bien, otro tipo de grupo que se relaciona con una cultura, religión u otro elemento común. De modo escueto, un ciudadano se considera un miembro activo de un Estado, que se somete a las leyes y que tiene la titularidad de derechos políticos; este es un estatus preciso y esencial en la conformación de una sociedad.

Es clara la complejidad de estas nociones, no sólo en términos de la lexicografía, sino en los de naturaleza legal e ideológica; además de su enorme relevancia en las cuestiones eminentemente prácticas, cuando de un lado se ejerce el poder político y, por lo tanto, del otro lado se está sujeto al mismo.

En la medida en que estas ideas conforman modos de entendimiento y de comunicación que tienden a restringirse a una forma eminentemente referencial y sin una especificación y consistencia suficientes tienden, asimismo, a convertirse en una forma de acción que divide, señala y es apta para la manipulación. ¿Quién es el pueblo en un sentido real, efectivo y dentro del discurso político? Y, por lo tanto, ¿quién no lo es y qué consecuencias se desprenden de esto? Aún más, ¿qué significa y a dónde conduce la contraposición entre unos y otros?

De ahí puede derivarse que el carácter de ciudadanos que sí comparten todos los que conforman legalmente esta sociedad, tiende a relegarse en las formas concretas de comunicar y de gobernar. Tienden también, y esto es decisivo, a diluirse en la conciencia misma de los que tienen el atributo de ser miembros activos de un Estado, titulares de derechos políticos y obligados a cumplir las leyes. Se tiende, pues, a distanciar su contenido específico, del eco original del citoyen, aquel célebre sujeto de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 en Francia; de la relación entre pueblo y ciudadanos, misma que no debería prestarse a confusiones ni artificios.

Ante unas elecciones como las que muy pronto se celebrarán aquí, se plantea de modo implícito la contraposición entre ciudadanos y pueblo. Todos los mexicanos tenemos derecho al voto por nuestro carácter de ciudadanos, así consta en el artículo 34 de la Constitución. El sistema político democrático está sustentado en la división de poderes y, también, en un entramado institucional que se ha ido construyendo durante años frente a una rígida e insostenible estructura de poder.

Ambos componentes son perfectibles y esa es una parte esencial de un sistema democrático dinámico, de lo que se denomina como una sociedad abierta y del arte de gobernar que esa condición exige. La acometida contra el Poder Judicial y las instituciones entraña el riesgo de un debilitamiento de la compleja relación entre los ciudadanos y el poder político. El Estado que tiende a centralizarse en el Ejecutivo como protector primordial en una sociedad heterogénea por naturaleza, provoca el gran dilema de cómo se protegen entonces los ciudadanos del poder del Estado. Cuestión básica del concepto de la libertad. Un caso relevante y de referencia hoy es el de El Salvador, donde el gobierno ha protegido a los ciudadanos de un entorno de extrema inseguridad pública, a costa de establecer un cuasi permanente estado de excepción. No puede tratarse este asunto de modo trivial por todo lo que entraña.

La oferta de una continuidad de las pautas de gobierno, sin cuestionamiento alguno, que hace el partido Morena y su candidata a la Presidencia, que avanzan la noción de “construir un segundo piso de la 4T es significativa. Representa el hecho de que la elección será esencialmente un plebiscito; es decir, la consulta directa a quienes votan sobre asuntos de relevancia para la colectividad, cosa muy distinta de la elección de un gobierno con personalidad y proyecto propios.