Para fortalecer el combate al delito de despojo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rompió el esquema de investigación aislada por un modelo de fenómeno criminal en el que las denuncias por la ocupación ilegal de inmuebles se segmentan de las relacionadas con conflictos familiares, vecinales, divorcios, juicios sucesorios o de arrendamiento, entre otros, que competen a otras instancias, así como el robustecimiento de la coordinación con otras autoridades e instituciones.

La fiscalía señaló que con la implementación de dicha estrategia, prevé incrementar durante este año el número de inmuebles asegurados, así como su restitución a sus legítimos poseedores.

Precisó que las investigaciones se han centrado en grupos que encontraron en esta actividad grandes ganancias económicas principalmente con inmuebles de personas vulnerables de la tercera edad, mediante simulaciones de compraventa, usurpación de identidad, simulación de juicios, falsificación de instrumentos notariales, inscripciones registrales de dudosa legitimidad, con la participación de abogados, notarios y grupos violentos, entre otros.

En el gabinete de seguridad para la investigación del delito de despojo de inmuebles participan la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, el Archivo General de Notarías, el Colegio de Notarios, la Tesorería, la Oficina de Catastro, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Instituto de Vivienda.

La dependencia precisó que fortalecer la coordinación interinstitucional y la investigación por fenómeno criminal ha permitido a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana obtener datos de prueba y perfeccionar la integración de las carpetas de investigación en menor tiempo.

Agregó: el aseguramiento de inmuebles por la autoridad hace esta actividad menos lucrativa para los grupos delictivos, al mismo tiempo que inhibe su continuidad. La estrategia envía un mensaje claro contra la impunidad, genera un sentimiento de seguridad, certeza jurídica sobre los inmuebles y una percepción positiva en la ciudadanía.

Según datos del organismo, en el periodo 2019-2023 fueron asegurados mil 7 inmuebles, de los cuales se restituyeron 432 a quienes acreditaron ser los legítimos dueños. Los resultados indican que es el camino correcto, por lo que se dará continuidad a este modelo de investigación, así como a las mesas de atención para el delito de despojo de inmuebles, apuntó.