l Informe anual 29 del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan muestra en portada una imagen que lo dice casi todo y para mayor certeza lo titula: la verdad vestida de verde olivo. Por si aún queda un atisbo de duda, abre con un significativo poema, del mismo nombre, en el que relata paso a paso la trayectoria política y jurídica del caso conocido como Ayotzinapa, reivindica la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y reconoce el aporte del ex subsecretario Alejandro Encinas, quien fuera presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), espacio hoy en declive. Señala que resulta inexacto que ahora el gobierno descalifique a los representantes legales de las madres y padres, al GIEI y los organismos internacionales de derechos humanos. Asimismo, da cuenta del rol que ha desempeñado el Ejército en la entidad desde tiempo atrás, pero aparece descarnado en Iguala 2014 frente a la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos en abierta pero aún negada colusión con los grupos criminales. Para actualizar el momento y crisis actual del caso, se afirma que la Sedena ha querido sepultar al Centro Regional de Inteligencia de Iguala: ha negado su existencia, para obstruir el acceso a la justicia. El Ejército tiene su propia investigación, no para dar con el paradero de los 43, sino para encubrir a la institución señalando como responsables algunos elementos. Se pregunta si podrá más el poder del Ejército, que la lucha de un pueblo contra la impunidad. Para concluir que al parecer dada la situación actual en la 4T, en la versión presidencial, la verdad se vestirá de verde.

El retrato que ofrece sobre la grave situación en Guerrero en materia de derechos humanos sólo es posible por la labor puntual de seguimiento y acompañamiento que el emblemático centro viene realizando desde hace 29 años bajo la conducción de Abel Barrera, a quien nunca está de más insistir en el reconocimiento a su compromiso y entrega aunado al rigor profesional con el que él y sus equipos han realizado su tarea. Sabemos que en este informe podemos encontrar situaciones similares en otras regiones del país, y también respuestas negacionistas similares desde el Estado.

El informe está dedicado a las familias desplazadas de la montaña y sierra de Guerrero, a los compañeros y compañeras periodistas de Guerrero, a las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Una y otra vez dan sustento a la declaración de identidad histórica: Guerrero, territorio de tumbas y cruces, calendario de masacres y escenario de luchas y resistencias. Estado militarizado, gobernado por caciques desalmados y generales despiadados. Territorio de personas desaparecidas y familias desplazadas. Estado sin ley tapizado de balas y ríos de sangre. En el mar bravío, yacen historias de hombres y mujeres que increparon al poder y se alzaron en armas. El calabozo y la muerte fueron su destino. Nada detuvo su lucha tenaz. Las nuevas generaciones reivindican su memoria, y sus familiares, pelean sin descanso, fieles a su camino.

Por otra parte, el informe da cuenta detallada del destino funesto de los defensores con el caso de Arnulfo Cerón, a quien señala que aparece sin justicia más allá de su muerte. Dedica un amplio capítulo sobre la Montaña de agravios, pleno de testimonios sobre la violencia contra las indígenas recuperando el caso de Inés Fernández y la sentencia contra un militar así como los espacios de reparaciones comunitarias: Guwua Kuma: la casa de los saberes y la Casa de la Niñez Indígena Gu’wa Mamidii Akhiun Ijin.

No deja de lado la reivindicación de la sabiduría comunitaria como forjadora de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero y como una de sus evidencias incluye el proceso de revisión del reglamento de la Coordinadora Regional del Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Dentro del patrón de criminalidad señala que hay casos graves, como los asesinatos de líderes sociales en octubre pasado. El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio. Y el de Rigoberto Acosta González, catedrático de la Universidad Autonoma de Guerrero, (UAG), dirigente histórico del Consejo Regional de la Sierra (Cresig). El gobierno del estado guardó silencio y campea la impunidad.

Con información detallada, se expone cómo los grupos del crimen organizado son los que tienen el verdadero poder y los que controlan las instituciones ejerciendo la violencia y causando terror entre la población. Mientras las víctimas reclaman la acción decidida de las fiscalías para que se protejan los derechos humanos de acceso a la justicia, verdad, reparación y sobre todo la no repetición. En síntesis, Tlachinollan le acerca el espejo al Estado que más allá de plazos sexenales, incrementará la amplia deuda histórica frente a los pueblos.