Derivado de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha creado protocolos en el intento por blindar las elecciones del crimen.

Desde hace varios años, las acciones se basan en establecer coordinación con las autoridades de seguridad y las fuerzas armadas y solicitarles apoyo en ciertos distritos electorales. Un modelo similar se aplica actualmente.

En el más reciente informe sobre este tema destaca la instalación de 266 mesas regionales (en el país hay 300 distritos electorales).

Entre los acuerdos destacan solicitudes de apoyo de corporaciones civiles y de fuerzas armadas en distintos municipios de Chiapas para resguardar los procesos en los que se evalúa a supervisores y capacitadores, quienes a su vez visitarán los domicilios de los ciudadanos que podrían ser funcionarios de casilla en la elección del 2 de junio.

Se solicitó con dos oficios el informe sobre las condiciones de seguridad en los municipios de Bellavista, Chicomuselo, Frontera Comalapa y Pantelhó, indica el reporte mensual del INE.

Se envió a la 7 Región Militar de la Sedena un oficio solicitando el acompañamiento de las corporaciones de seguridad en las sedes de aplicación de exámenes de supervisores y capacitadores.

La junta local de Chiapas recorrerá las 13 juntas distritales y compartirá el oficio de solicitud para el apoyo de seguridad. Igualmente, se aportarán a las autoridades otros datos sobre la proyección de la lista de casillas.

El protocolo tiene como tarea principal salvaguardar la integridad física de los trabajadores del INE y de los organismos políticos locales, funcionarios de casilla, representantes de partidos políticos y observadores electorales, así como de ciudadanos en situaciones de riesgo. Participan representantes de los tres niveles de gobierno para determinar operativos, acciones de inteligencia y de procuración de justicia.

En esta ocasión, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ofreció atención las 24 horas del día, para recibir las incidencias y responder junto con el INE a partir de las denuncias de contendientes.