La liberación de ocho militares acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, es una muestra de que el caso va en un franco retroceso, en el que todas las instituciones del Estado mexicano han puesto de su parte para debilitar la investigación, aseveró Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los jóvenes.

Al cumplirse ayer 112 meses de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, los familiares de los normalistas marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, donde expresaron su molestia y fijaron su postura sobre la libertad condicional que la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo otorgó a los elementos castrenses.

Entrevistado durante la movilización, que se realiza mensualmente, Rosales esgrimió las razones por las que consideran que cada una de las instituciones han desempeñado acciones para que las investigaciones se encuentren estancadas.

Por un lado, apuntó, el Presidente se ha empeñado en descalificar a los asesores jurídicos y a los grupos que coadyuvan de manera internacional, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Mientras el Ejército lo hace litigando y torpedeando la investigación mediante la defensa que está haciendo en favor de los ocho militares, sobre quienes “hay prueba objetiva de su responsabilidad y de la colusión que tenían con el grupo delictivo Guerreros Unidos”.

Por otra parte, expuso, la Fiscalía General de la República hizo un trabajo débil, una argumentación poco contundente, con pocas pruebas en el proceso para sustentar la medida cautelar de prisión preventiva, agregó.

La responsabilidad recae en el Poder Judicial, ahondó, porque de oficio pudo haber dictado la medida cautelar de prisión preventiva, pero no lo hizo.

En este contexto, los padres, acompañados por normalistas y organizaciones populares, reiteraron su llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se reúna con ellos, pues dijeron que en la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) –que sesionó ayer– no se ha trazado ruta de trabajo sobre sus demandas de que el Ejército entregue los 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, con información relevante para el caso, y el regreso del GIEI para que revise los documentos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, quien preside la comisión, lo que hace es solamente llevar a la mesa de la Covaj lo que el Ejecutivo dice en las mañaneras. Entonces, no tiene sentido seguir en la mesa con él; lo importante sería tener la reunión con el Presidente, manifestó Rosales.

Expresó que a ocho meses de que termine el sexenio, no se ve que vaya a cumplir el compromiso de dar con el paradero de los normalistas.